El subsecretario de Estado, Christopher Landau, lanzó un mensaje que tendrá repercusiones. El mismo día que se hizo público que “la administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visa a dos ciudadanos colombianos y sus familias” y que esa decisión estaba dirigida a dos fichas cercanas a Gustavo Petro, también anunció que creará un canal para recibir denuncias anónimas de quienes utilicen indebidamente sus estadías en los Estados Unidos.
El retiro de la visa cobija a “Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública” y “Martha Isabel Peralta Epieyu, senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais)”.
Landau publicó luego un mensaje en redes sociales: “Mediante su autoridad sobre las visas estadounidenses, el Departamento de Estado desempeña un papel fundamental en la decisión de quién ingresa a nuestro país y bajo qué condiciones. Lamentablemente, muchas personas cometen fraude con las visas, ya sea permaneciendo en el país más tiempo del permitido o llevando a cabo actividades (por ejemplo, trabajar) no autorizadas por sus visas”.
Luego afirma: “Bajo el mandato del presidente Donald Trump y la secretaria de Estado, reconocemos y reafirmamos nuestra responsabilidad de garantizar que nuestros visitantes extranjeros cumplan con nuestras leyes. Pero no podemos hacerlo solos. Por lo tanto, les pedimos respetuosamente su ayuda, tanto a estadounidenses como a no estadounidenses. Si saben, o tienen motivos para creer, que alguien está abusando de los términos de su visa (ya sea permaneciendo en el país más tiempo del permitido o haciendo actividades no autorizadas), por favor, infórmennos y lo investigaremos. Adjunto un enlace a un formulario en línea; por favor, proporcionen toda la información posible. Y recuerden: ¡quienes abusan del sistema dificultan la vida de todos los demás que cumplen con las reglas! Gracias”.
Los otros afectados por el retiro de las visas
Estados Unidos canceló este lunes visas de jueces, altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.
Entre los sancionados están magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales y un empresario bolivianos; un empresario y una senadora colombianos, y un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, según el comunicado del Departamento de Estado.
La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.
“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto.
“Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.
“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado.
Entre los sancionados en Bolivia están el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero, el exmagistrado Iván Ramiro Campero, el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Álvaro Nava (Chuquisaca), el coronel de Policía Frans Cabrera y el empresario José Luis Iriarte.
Además, el Departamento de Estado “designa públicamente al fiscal general boliviano Roger Mariaca por estar involucrado en significativa corrupción”.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó.
Además de esas personalidades, otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.
Otros cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados.
En Perú, el afectado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima.
El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país.
*Con información de AFP.