Cada año, Estados Unidos evalúa si países que participan en la producción o tránsito de drogas ilícitas están cumpliendo con ciertos compromisos. Si no lo están, puede aplicar lo que se conoce como descertificación.
Este procedimiento está regulado por leyes estadounidenses como la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y sus enmiendas posteriores.
Se trata de una revisión obligatoria en la que el presidente debe decidir si certifica, certifica con exención por interés nacional o descertifica a cada país incluido en la lista de naciones bajo observación. Los criterios incluyen erradicación de cultivos ilícitos, interdicción de drogas, extradición de narcotraficantes y cooperación judicial internacional.
Recientes reportes y declaraciones de exembajadores han reavivado el debate sobre la descertificación de Colombia. William Brownfield advirtió que existe un riesgo real de que ocurra si en los próximos seis meses el país no demuestra avances concretos en los criterios que evalúa Estados Unidos.
Según él, la producción de coca ha crecido de manera explosiva en la última década, y hay plazos muy estrictos para que Colombia actúe antes de que se haga la decisión formal en septiembre.
Entre los escenarios que podrían darse, los diplomáticos mencionan la posibilidad de emitir una exención por interés nacional, es decir, negar la certificación completa, pero mantener ciertos apoyos bajo la idea de que hay intereses estratégicos que justifican conservar la cooperación.
También se mencionan indicadores cuantitativos como el tamaño del aumento en los cultivos de coca, la eficacia con la que los narcotraficantes son procesados por la justicia, y la fluidez de la comunicación entre el gobierno de Colombia y las agencias de Estados Unidos.
En esa comunicación hay señales de tensión pública, especialmente en declaraciones presidenciales o relación con gobiernos vecinos que Washington considera problemáticos. Whitaker ha señalado que la administración del presidente Donald Trump está atenta no solo a factores técnicos, sino también políticos.
Según Brownfield, si no se corrige el rumbo, la probabilidad de descertificación es significativa, aunque también es alta la posibilidad de que se acompañe de una exención por interés nacional, atenuando algunos efectos negativos.
La descertificación es más que un término técnico o diplomático: es una evaluación oficial anual de la cooperación en la lucha contra las drogas, cuyas reglas están claras, aunque también tiene espacio para decisiones políticas.
El país está siendo observado bajo métricas definidas, plazos específicos y expectativas de resultados comprobables. Según los exembajadores Brownfield y Whitaker, Colombia tiene una ventana breve para demostrar avances tangibles.
Si no lo hace, la decisión de Estados Unidos podría inclinarse hacia una certificación negativa, o descertificación, aunque quizás mitigada por una exención si se considera que mantener la relación bilateral es de interés estratégico.