El resultado de las elecciones a la Presidencia de Colombia del día de ayer no tiene precedentes. Abelardo De La Espriella, según el preconteo, superó a Iván Cepeda por menos de un punto porcentual y apenas algo más de 250.000 votos. Mientras en el Pacto Histórico impugnan mesas y buscan reconteos, desde la otra orilla denuncian la influencia de grupos criminales que habrían obligado a las personas a votar por Cepeda.
Esa presión de los grupos armados en zonas donde coinciden el conflicto, los cultivos de coca y la minería ilegal fue incluso advertida con procesos de carnetización por parte de los criminales, y los resultados serían la prueba.
El reconocido abogado Víctor Mosquera, quien ha hecho seguimiento a estos casos y ya denunció ese tipo de irregularidades en las elecciones al Congreso, se encuentra en la Organización de los Estados Americanos (OEA) exponiendo la situación.
Con cifras en mano, advierte que “entre los resultados más llamativos se encuentran Timbiquí con un 97,14 %; Jambaló con un 96,64 %; Guapi con un 93,22 %; Toribío con un 92,96 %; López de Micay con un 91,17 % y Sucre con un 90,95 %”. Explicó que no es normal que haya municipios donde las personas votaron casi en su totalidad por un candidato, en este caso, Iván Cepeda.
Lo que resulta claro es que estos municipios, en su mayoría, están ubicados en el sur y el occidente del país, en las zonas donde operan los grupos que se han visto ampliamente beneficiados con las concesiones que realizó el Gobierno saliente de Gustavo Petro.
El informe preliminar suma otros municipios con porcentajes superiores a 80 % y 85 %, entre ellos, Villa Rica, Bolívar, Totoro, Caldono, Puerto Tejada, Páez, Corinto y Miranda, en la misma región del país.
“Los datos muestran concentraciones extraordinarias de votación a favor de Cepeda en municipios que históricamente han sido identificados como zonas de presencia, influencia o disputa de grupos armados ilegales, corredores estratégicos del narcotráfico y territorios sometidos a alertas recurrentes por riesgo de afectación al orden público”, explicó el abogado Mosquera.
La historia se repite
Ya para las elecciones al Congreso de la República, el Centro Democrático, representado por el abogado Mosquera, había presentado esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En su momento explicó que los riesgos electorales por violencia no se distribuyen “de manera homogénea”, sino que se concentran en “zonas específicas del país donde confluyen dinámicas de control armado y economías ilícitas que inciden directamente en la forma en que se desarrolla la competencia electoral y se ejerce el derecho al voto”.
De ahí, cruzaron 126 municipios que identificaron como aquellos con presencia de grupos armados con los 4.413.636 votos que el Pacto Histórico logró en el Senado de la República en la pasada elección a Congreso.
“El Pacto Histórico obtuvo un desempeño particularmente alto en 126 municipios del país, los cuales concentraron una porción significativa de su votación nacional. De acuerdo con dicha sistematización, en estos territorios esa fuerza política reunió más de la mitad de su votación total al Senado, ocupó el primer lugar en un número considerable de casos y alcanzó porcentajes especialmente elevados en múltiples municipios, varios de ellos con niveles de votación superiores al 20, 30 y 40 % e incluso 50 %”, expone el documento.
En esos 126 municipios, según los anexos presentados, el petrismo logró 2.423.844 votos, que equivalen al 54,9 % del total. En 65 municipios ocupó el primer lugar, en 19 el segundo y en 42 el tercero en la contienda al Senado. En 15 municipios logró el 50 % de la votación y, en 27, el 40 %.
Por ahora, se están empezando a conocer los resultados electorales atípicos; el resultado consolidado será presentado como denuncia ante autoridades nacionales e internacionales.