Una solicitud llegó de Colombia a la Corte Penal Internacional de La Haya. Se trata de un pedido que realizó el abogado Juan Carlos Portilla Jaimes, quien radicó “la presentación de órdenes de detención ante la Cámara de Primera Instancia de la CPI contra Rodrigo Londoño (Timochenko), ex jefe de la Secretaría de las Farc‑EP, y otros altos comandantes de dicha organización, por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, esclavitud, esclavitud sexual, secuestros masivos y la conscripción y uso de niños para la guerra”.
Según el abogado, “la petición se fundamenta en que las medidas nacionales adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra Rodrigo Londoño (Timochenko) son manifiestamente inadecuadas y no cumplen con los estándares internacionales de proporcionalidad, disuasión y genuinidad".
Portilla asegura que existe una asimetría en el trato que se le ha dado a los comandantes de las Farc, frente a las Fuerzas Militares que han sido condenados a más de 20 años.
“El contraste que indigna", asegura el jurista.
Portilla asegura que los acuerdos que se dieron en La Habana, en 2016, no cumplen con los estándares internacionales. Y asegura que los comandantes de ese grupo guerrillero, máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, sí deberían pagar penas de prisión.
“La justicia restaurativa debe desempeñar un papel complementario, centrado en las víctimas, pero nunca sustituir la cárcel”, asegura.
Y, en ese contexto, se refiere particularmente contra Rodrigo Londoño, quien firmó la paz a nombre de ese grupo guerrillero y se desmovilizó en ese proceso.
“La Secretaría de las Farc, encabezada por Timochenko, orquestó y dirigió de manera sistemática crímenes atroces contra civiles y fuerzas de seguridad, incluyendo tortura, secuestros masivos, esclavitud y esclavitud sexual, así como el reclutamiento de niños para la guerra. La jurisprudencia de tribunales penales internacionales demuestra que los arquitectos de atrocidades y comandantes han recibido largas condenas de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
Portilla crítica las sanciones de la JEP que implican penas no privativas de libertad, tal y como fue diseñado el sistema de justicia en el acuerdo de La Habana. Y le pide a la CPI intervenir. La jurisdicción internacional solo opera en los países de manera subsidiaria, cuando la justicia nacional no existe o no funciona.
El abogado asegura que ya es momento de abrir el capítulo de las Farc en La Haya.
