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Fabian Díaz
Fabian Díaz - Foto: Alexandra Ruiz

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Acuerdo de Escazú | Corte Constitucional comienza la revisión de lo aprobado y se abre la puerta a un complejo debate

Cualquier ciudadano puede intervenir para impugnar la constitucionalidad del mencionado Acuerdo, que fija unas normas para fortalecer la protección del medio ambiente. Su aprobación en el Congreso estuvo marcada por todo tipo de acusaciones.

SEMANA conoció en primicia que la Corte Constitucional asumió el conocimiento y comenzó la revisión del denominado Acuerdo de Escazú, que fue ratificado en el Congreso de la República el pasado 10 de octubre. El alto tribunal, como lo establece la Carta Política, debe evaluar la constitucionalidad de los tratados internacionales y la exigibilidad de las leyes aprobadas.

El pasado 15 de noviembre, el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández Andrade, remitió a la Secretaria y la Presidencia de la Corte Constitucional una copia auténtica del “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, el cual fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2017.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que en un término de diez días certifique la calidad de plenipotenciario de las personas que participaron en nombre de Colombia, “en la negociación y autenticación del Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”.

Igualmente, solicitó copia íntegra de los trabajos preparatorios que se realizaron frente al mencionado Acuerdo que establece una serie de acciones para la protección del medio ambiente. Así como una copia auténtica de la aprobación ejecutiva impartida por el Presidente de la República, con la que se ordenó someter el Acuerdo de Escazú a la aprobación del Congreso.

Teniendo en cuenta el trámite exigido, el alto tribunal le solicitó a los presidentes y secretarios generales del Senado y la Cámara de Representantes para que remitan las Gacetas en las que “conste la totalidad de los antecedentes” y todo lo relacionado con el Acuerdo. En este paquete se debe anexar, de manera cronológica, todo lo relacionado con el debate que surtió en el Congreso.

Así como el texto original y la exposición de los motivos del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 2273 de 2022; los informes de ponencias para el primer debate en las respectivas comisiones constitucionales; informes de ponencias para el segundo debate en las respectivas plenarias; las actas de las sesiones en las comisiones segundas permanentes en las que fue anunciado el respectivo debate y la votación del proyecto; y el texto aprobado de la mencionada ley.

Durante diez días, a partir de la publicación del caso, cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú. Igualmente, el magistrado ponente le comunicó sobre el inicio del estudio del caso al presidente de la República; al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); a la Presidencia del Congreso de la República; a los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Justicia, Ambiente, Cultura y TIC para que, de considerarlo oportuno, intervengan directamente en este estudio.

Además, se le hizo la invitación a los ministerios de Agricultura, Minas, Transporte; al Departamento Nacional de Planeación, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Minería, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la Agencia Jurídica del Estado, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Planificación Rural, a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, al Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas y a las corporaciones autónomas regionales ambientales en todo el país.

Hay más entidades, públicas y privadas, relacionadas con asuntos de medio ambiente y desarrollo, que podrán enviar sus conceptos para que sean estudiados en el Alto Tribunal.

El tema había sido espinoso, y, por ejemplo, durante todo el gobierno de expresidente Iván Duque no se le dio trámite exitoso en el Congreso, en las ocasiones que fue presentado, fue hundido por los parlamentarios, casi que por orden del ejecutivo.

Ahora, en la era de Gustavo Petro en la Casa de Nariño el giro fue total, incluso para quienes en el pasado habían votado negativo y el acuerdo no tuvo mayor resistencia y fue una de las primeras leyes aprobadas, que ahora está pendiente de la revisión que ya empezó en la Corte Constitucional.