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Con poderosas armas, Iván Márquez, Jesús Santrich y alias el Paisa anunciaron el nacimiento de la Segunda Marquetalia. Hoy Márquez está escondido y temeroso, los otros dos fueron asesinados. - Foto: fuerzas armadas revolucionarias de colombia
Con poderosas armas, Iván Márquez, Jesús Santrich y alias el Paisa anunciaron el nacimiento de la Segunda Marquetalia. Hoy Márquez está escondido y temeroso, los otros dos fueron asesinados. - Foto: fuerzas armadas revolucionarias de colombia - Foto: FARC

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Paz total | Corte Constitucional admitió demanda que pide que disidentes como Iván Márquez no sean parte de un nuevo proceso de paz

El presidente Gustavo Petro y los ministros de Justicia y Defensa podrán enviar sus conceptos para el estudio de esta demanda.

Justo en pleno debate por la posición del Gobierno para liberar a varios de los integrantes de la autodenominada primera línea para que se conviertan en gestores de paz, la Corte Constitucional admitió para su estudio la primera demanda en contra de la Ley 2272 de 2022 que puso en marcha la creación de la ‘paz total’, uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de Gustavo Petro.

En esta ocasión, la demanda apunta, con claridad, a la intención del Gobierno del presidente Gustavo Petro de abrirle la puerta al exjefe negociador y hoy cabecilla de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, para participar nuevamente en negociaciones de paz, con el argumento de que fue víctima de un entrampamiento. Puerta que a juicio del demandante estaría cerrada.

El despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar aceptó la demanda, radicada el 15 de noviembre pasado por el abogado Jorge Enrique Pava Quiceno, quien considera que la modificación de las leyes para crear la “política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones”, es completamente inconstitucional.

La demanda apunta directamente al artículo 2 de la mencionada ley que permite la negociación para firmar un proceso/acuerdo de paz con grupos armados organizados al margen de la ley.

“Se entenderá por grupo armado organizado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, reza el artículo.

Esto permite, entre otras cosas, abrir una negociación con Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, en su calidad de comandante y jefe de la Nueva Marquetalia, esto pese a que renunció al Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la guerrilla de las Farc.

En otro de los apartes del artículo 2 se cobija además a “los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”.

En otro aparte, se indica que las negociaciones se podrán emprender con “estructuras organizadas armadas de alto impacto”, las cuales son definidas como aquellas que se dediquen a la ejecución permanente y continua de conductas punibles.

Frente a esto, el demandante indica que se vulneran varios preceptos constitucionales, señalando que se trasgreden los principios de consecutividad e identidad flexible. El hecho que se le permita volver a negociar un eventual acuerdo a aquel que traicionó lo pactado anteriormente genera un caos.

“(...) abre una posibilidad completamente nueva a lo debatido en comisiones y, de hecho, constituye un aspecto político de alta sensibilidad”. Obviando así, por completo, todo el debate que se debe adelantar en la Cámara de Representantes, “lo cual conlleva a que se violaron los principios de consecutividad e identidad flexible”.

Frente a esto sentó su posición en el entendido que no se puede permitir a reincidentes volver a sentarse en una mesa de negociación y hacer parte de un Acuerdo con los beneficios que este traiga. “(...) Es menester que la Corte declare la suspensión de la aplicación de ¨[los incisos demandados] en el sentido de impedir que se inicien procesos de negociación con exmiembros de grupos armados ilegales como parte de estructuras organizadas de crimen de alto impacto”.

Para el demandante, quien se ha destacado por sus columnas de opinión en varios medios de comunicación, el proyecto de ‘paz total v’a en contra de los principios constitucionales que le imponen al Estado la necesidad de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.

“(...) el orden constitucional solo se garantiza si el reconocimiento de beneficios penales a miembros de grupos armados [ilegales] se compensa con incrementos en la protección de los derechos a la verdad, la reparación y la no repetición”, precisa la demanda. Para sustentar sus pretensiones cita varios fallos de la Corte Constitucional que fijaron un precedente en los procesos de paz.

En el auto de diez páginas, el magistrado Ibáñez pidió sus conceptos al presidente de la República, los ministros de Justicia y Defensa, así como a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y el Alto Comisionado de Paz. Igualmente, se invitó a participar en este proceso a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), al Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fiscalía General.