En la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la sorpresa por el insólito fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue mayor, porque el proceso de los CDT no estaba dentro de sus registros.
Según César Méndez, director de Defensa Nacional de la Agencia, se trata de un fallo de primera instancia contra el que se pueden interponer recursos y así lo hará la entidad ante el Consejo de Estado.
“Desde el mismo momento en el que nos enteramos de este fallo iniciamos acciones, nos reunimos con la rama judicial para apoyarlos en la elaboración de un memorial a través del cual le solicitan al Tribunal de Cundinamarca una revisión y corrección del fallo. No para que se revoque el fallo, pero sí para plantear algunas solicitudes de aclaración y corrección”, sostuvo.
Según Méndez, la Agencia advirtió en el fallo ciertos errores aritméticos en la liquidación de los intereses y por eso le solicitaron al Tribunal que corrija esos errores y también que les aclare de dónde salen las tasas de interés que están aplicando.
La historia
Para ese entonces, Corfivalle –hoy Corficolombiana– negó la operación debido a que “encontró que los títulos valores eran falsos, por lo cual fueron anulados y se inició una denuncia en contra del portador por los delitos de estafa y falsedad en documento privado”, agrega el medio citado.
Tras la demanda de Corfivalle, Alejandro González Beltrán fue condenado. No obstante, el Tribunal Superior de Cali revocó la sentencia y, finalmente, lo absolvió. En contraste con los hallazgos de la entidad financiera sobre la supuesta falsedad de los títulos valores, para la justicia penal los documentos resultaron legítimos.
Ahora, 33 años después, el Tribunal de Cundinamarca resolvió “declarar no aprobada la excepción de falta de legitimización en la causa pasiva propuesta por la Corporación Financiera Colombiana, conforme a lo expuesto en la parte considerativa”. Adicionalmente, consideró a la Nación, la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial y a Corficolombiana, como responsables del daño causado a Beltrán González.
Billonaria condena
En el tercer punto de la sentencia, el Tribunal de Cundinamarca condenó a los responsables descritos previamente a “indemnizar los perjuicios causados al demandante, por suma de catorce billones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos dieciséis pesos con 70/100 m/cte. ($14.468.816.70)”.
De igual forma, la sentencia resolvió “condenar por agencias en derecho la suma de ochenta millones ciento setenta y seis mil doscientos treinta y un pesos ($80.176.231) a favor del demandante y en contra de la parte demandada.
Los 14 billones de pesos considerados en la sentencia para el pago de la indemnización representan una suma bastante elevada. De hecho, solo a manera de comparación, vale recordar que la reforma tributaria del gobierno Petro busca recaudar alrededor de 25 billones de pesos. En tal virtud, el fallo del Tribunal de Cundinamarca será impugnado por considerar que la cifra a indemnizar es desproporcionada.
Responde Corficolombiana
En el comunicado, la entidad financiera asegura que el “fallo no solo es arbitrario porque reabre el debate que se dio en el proceso penal y en el proceso civil, desconociendo el principio de cosa juzgada y las decisiones legítimas de los jueces y magistrados, sino que, además, según los cálculos de la Secretaría de la Sección del Tribunal (sin fundamento en ningún dictamen pericial), unos CDT inexistentes, cuya supuesto valor de capital era de 175 millones 500 mil pesos ($175.500.000), se convierten inexplicablemente en 14 billones de pesos”.
Dice Corficolombiana que el ponente original ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, quien vinculó a esa entidad fue destituido y condenado por corrupción en diferentes procesos judiciales y asegura que “para la magistrada Clara Cecilia Suárez, quien es la ponente de este fallo, se equivocaron tanto la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que decidió el proceso ejecutivo, así como la Sala Civil y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quienes coincidieron en la legalidad del fallo del Tribunal. Estas decisiones de las salas, proferidas a favor de Corficolombiana, le negaron el pago de los supuestos CDT al señor Alejandro González Beltrán.
Será ahora el Consejo de Estado el que dé la última palabra sobre este caso.