El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, fue enfático en señalar el incumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo 2018-2022 con los que se buscaba mejorar la situación nutricional de los grupos étnicos en el país, especialmente los de la niñez indígena. El ejemplo más desgarrador se da en La Guajira.
El organismo de control expresó su preocupación por la actual situación de desnutrición y falta de atención que sufren estos menores, en un informe que realizó la Contraloría Delegada para la población focalizada titulado: “La deuda del Estado colombiano con la niñez étnica”.
Por eso, Rodríguez Becerra hizo un llamado para que en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro, se adopten medidas urgentes, estructurales y de fondo que permitan priorizar la salvaguarda de la vida de niños y niñas, en especial de los pueblos indígenas, como un tema de primer nivel en la agenda del Estado colombiano.
Para el contralor, es evidente el incumplimiento de las metas previstas en ese Plan de Desarrollo que se suscribió con grupos étnicos en el Pacto Transversal XII, “Mejorar la situación nutricional de los grupos étnicos en el país, especialmente de la niñez indígena, junto con los sistemas de información del estado nutricional para grupos étnicos”; sin embargo, asegura la Contraloría no se establecieron indicadores ni metas para medir su cumplimiento.
Al analizar el cumplimiento de las metas de los acuerdos asociados a dicho objetivo, referidas a la incorporación de capítulos étnicos en la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, la política de primera infancia, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como el desarrollo del análisis en salud de los pueblos indígenas, la Contraloría encontró que presentan en promedio un avance acumulado del 48 %, y los recursos asignados para su desarrollo presentan una ejecución acumulada del 52 %, “lo que denota un incumplimiento generalizado de las metas previstas asociado a una ejecución presupuestal deficiente”.
Agua potable y alimentación
Sobre el acceso al agua potable, la Contraloría General abrió recientemente procesos de responsabilidad fiscal por valor de 3.122 millones de pesos por presuntos daños fiscales en la construcción de 12 pozos que no cumplieron las condiciones para convertirse en soluciones reales y efectivas de abastecimiento del vital líquido para las comunidades wayú que carecen de este servicio.
En cuanto a las condiciones alimentarias, la Contraloría General evidenció que estas son precarias en la infraestructura de las Unidades de Atención Comunitaria (UCA) mediante las cuales el ICBF atiende a la primera infancia wayú.
Ante estas situaciones, la Contraloría General adelantará en el primer semestre de este año una auditoría de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, incluyendo el Auto 696 de 2022 que ordena el diseño y puesta en ejecución de un Plan Provisional de Acción que permita el goce efectivo los derechos fundamentales de los menores de edad protegidos por dicha sentencia.
La vergüenza que significa que los niños mueran de hambre no es nueva, es paisaje en La Guajira, pasan y pasan los gobiernos y no han sido capaces de solucionar el desabastecimiento de agua, cada obra se la roban, pero en esta ocasión los reflectores apuntan a la funcionaria responsable de la infancia, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concha Baracaldo, de quien dicen no tiene el perfil para el cargo.
Las cifras son crudas, se cuentan por cientos los niños que no pudieron escapar de una muerte inexplicable. Más de 253 asociadas a desnutrición, 540 por infección respiratoria aguda y más de 103 por enfermedad diarreica, según la Alianza por la Niñez.