Álvaro Leyva Durán no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por el lío de los pasaportes

“Que quede absolutamente claro, no acepto ninguno de los cargos, absolutamente no”. De esta forma respondió el excanciller Álvaro Leyva Durán después de que la Fiscalía General le imputará cargos por los hechos que rodearon la cancelación del proceso de licitación para la emisión de los pasaportes.

El exministro de Relaciones Exteriores, quien asistió a la audiencia de forma virtual, pues se encuentra en Madrid (España), fue vinculado al proceso penal por el delito de prevaricato por acción, en calidad de autor en concurso homogéneo.

Durante la audiencia, que se extendió por dos horas, la fiscal del caso aseveró que sin un sustento o justificación el entonces canciller ordenó declarar desierto el proceso de licitación; situación que generó graves afectaciones.

Debido a esto, no dudó en señalar que Leyva Durán “actuó de manera caprichosa, tozuda y arbitraria”, puesto que no existieron razones para que se tomara la decisión de esa magnitud en medio del proceso de licitación.

“Con este acto administrativo, doctor Leyva, usted vulneró por igual el numeral octavo del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio, con desviación y abuso de poder. Poder que a usted se le había conferido en razón del cargo y de las funciones del ministro de Relaciones Exteriores”, enfatizó la delegada del ente investigador.

En su argumentación de la imputación, la fiscal reiteró que debido a la importancia del contrato para la expedición de los pasaportes, a Leyva le cabía la plena responsabilidad de evaluar todos los detalles del trámite licitatorio con el fin de evitar traumatismos y afectaciones a la ciudadanía.

Sin embargo, por hechos que no son claros hasta la fecha, tomó la decisión de suspenderlo. Esto, para la fiscal, representó un claro “abuso del cargo” y una “desviación de poder”. Lo cual quedó más que en evidencia cuando, al poco tiempo, volvió a convocar el proceso.

“Ocurrió al reasumir la dirección de este proceso de licitación pública 001-2023 con la única finalidad de no acceder a la adjudicación del contrato al único proponente habilitado, especialmente porque la función de dirigir los procesos contractuales del Ministerio de Relaciones Exteriores y su rol rotatorio, así como la de suscribir los actos contractuales que se derivaron de estos, se encontraba en cabeza de su secretario general, quien ya le había advertido cómo y de qué forma se encontraba adelantado el proceso licitatorio”, indicó.

A renglón seguido, expresó que no se tuvieron en cuenta las propuestas elevadas ni los pliegos de condiciones que muchos oferentes habían cumplido. “Usted (en referencia a Leyva Durán), de manera arbitraria, desconoció que sí existía un proponente adecuado con las condiciones para la adjudicación del proceso de contratación”.

Finalmente, advirtió que el entonces canciller habría actuado contrario al derecho y a los principios de transparencia al tomar esa decisión de fondo.

“Sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de licitación pública cuyo objeto fue ‘suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte; así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica’”, concluyó.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría General sancionó con destitución e inhabilidad al excanciller por el término de diez años.