Atención: amenazan a juez militar que lleva caso de patrullera que se habría robado 300 millones de pesos de la Policía

SEMANA conoció con fuentes del proceso, que el juez penal militar que lleva el caso de la patrullera Diana Carolina Morales Palma, quien fue capturada en plena ceremonia en la Policía por haberse robado, al parecer, 300 millones de pesos del área administrativa aprovechando su cargo, recibió amenazas hace pocos días en su vivienda.

Las intimidaciones las recibió el funcionario judicial, quien tenía por decisión entregar un sentido de fallo sobre la patrullera para estos días. Precisamente el general Marco Bolívar, fiscal general de la Justicia Penal Militar y Policial indicó este viernes (3 de febrero) que la justicia estaba tomando decisiones en el caso de la Morales Palma.

“Debemos anunciar que en el caso de la patrullera Diana Carolina Morales Palma acusada por un delegado de esta fiscal por peculado por apropiación junto con desobediencia, hoy se llevará a cabo la audiencia pública ante un juez penal especializado donde se anunciará el sentido de fallo”, agregó el general Bolívar.

Es de anotar que la patrullera habría llegado a un acuerdo para aceptar cargos, lo que permitiría a la justicia a acelerar su condena.

Sobre el caso de la patrullera hay que mencionar que este podría ser más grave de lo que se cree. El general Bolívar indició que la exuniformada ha decidido colaborar con la justicia entregando información sobre otras personas que estarían implicadas o sobre otros casos similares que se hayan presentado.

“A partir de la colaboración eficaz que nos ha venido dando la acusada y además de otros elementos de prueba que tenemos se están adelantando otras líneas de investigación que darán resultados la próxima semana que podrían ser imputaciones o capturas, pero será la dinámica procesal la que nos dicte el procedimiento a seguir”.

Así mismo indicó que, “hasta el momento los elementos nos indican que en otros casos similares pueden estar involucrados uniformados y civiles (…) a partir de la información que se viene recolectando se han podido evidenciar unos casos muy similares a los que se están adelantando con ocasión a la investigación que contra ella se sigue”.

La patrullera buena persona

Diana Carolina Morales Palma era una patrullera de la Policía Nacional, con buen comportamiento, sin ninguna sospecha de sus compañeros. Sin embargo, su carrera y hoja de vida quedó con una gran sombra luego de que fuera capturada en plena ceremonia en la que, incluso, estaba presente el director de la entidad, Henry Armando Sanabria.

“Ya lo decía yo que siempre había una desgracia en diciembre, cada quien responde por sus actos”, se le escucha decir a Sanabria en el video mientras la patrullera es trasladada esposada frente a todos sus colegas.

Morales Palma es señalada por el posible hurto de entre 200 y 300 millones de pesos. ¿Cómo ocurrió? Según la Fiscalía, la patrullera trabajaba en el área de Tesorería de la Policía Nacional y desde allí alteró el sistema de información de la entidad para desviar altas sumas de dinero hacia sus familiares.

De acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA, la uniformada aceptó varios cargos como fraude procesal, desobediencia, peculado por apropiación, acceso abusivo a sistema informático y peculado por apropiación en modalidad de tentativa. Estos delitos ya fueron imputados en su contra por parte de un fiscal delegado que tendrá que revisar el expediente y determinar si hay elementos para una destitución, que sería el escenario más probable.

Según el expediente, la patrullera aprovechó el conocimiento que tenía para realizar pagos a favor terceros, incluso acreedores a través de sistemas de información SIIF Nación II, que pertenece al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el segundo sistema utilizado fue el SAP, del Ministerio de Defensa.

SEMANA conoció que la patrullera aún no ha devuelto el dinero del que se le acusa se habría apropiado y por tal razón no recibiría beneficios judiciales. La patrullera habría aceptado apropiación en grado de tentativa y el delito de desobediencia, mientras que quedaría vigente el de peculado.