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El concepto del ministerio Público frente a la revisión de la sentencia de 17 años de cárcel que pesa contra Andrés Felipe Arias plantea que hay que rehacer las cuentas.
El concepto del ministerio Público frente a la revisión de la sentencia de 17 años de cárcel que pesa contra Andrés Felipe Arias plantea que hay que rehacer las cuentas. | Foto: Revista Semana

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Atención| Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, pide que le den casa por cárcel

En la actualidad se encuentra a la espera que la Corte revise la condena de 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

8 de agosto de 2022

En manos del juzgado segundo de ejecución de penas quedó el estudio de la petición de casa por cárcel presentada por la defensa del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leiva, condenado en julio de 2014 a 17 años de prisión por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo de la adjudicación de subsidios millonarios del programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), a personas adineradas que no necesitaban estos beneficios.

La radicación de la solicitud fue radicada el pasado 4 de agosto. En esta se señala que Arias ya cumplió las tres quintas partes de su condena, hecho por el cual puede recibir este beneficio jurídico.

Igualmente, indica que durante el tiempo que ha estado privado de su libertad ha adelantado actividades de estudio y trabajo, además de demostrar una buena conducta.

El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, pide la casa por cárcel.
El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, pide la casa por cárcel. | Foto: Cortesía

El exministro, quien se encuentra privado de su libertad en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, en Bogotá, fue sentenciado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

El pasado 26 de julio, incluso, el juzgado de ejecución de penas le otorgó la redención de un mes y cinco días, por sus actividades dentro del centro de reclusión.

En diciembre pasado, SEMANA estableció que la Sala Penal de la Corte Suprema empezó formalmente la revisión del recurso de impugnación del caso del exministro Andrés Felipe Arias. Esto atendiendo un fallo de tutela de la Corte Constitucional que ordenó otorgarle la segunda instancia a los aforados constitucionales, entre estos, el exministro de Agricultura.

En este estudio, la Fiscalía General le solicitó ya a la Corte dejar en firme la condena al considerar que se logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que el exjefe de la cartera de Desarrollo Rural incurriera en las irregularidades en la celebración de los contratos del programa que tenía como objetivo principal apoyar a los pequeños y medianos agricultores frente a la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

“Le solicito a la Sala de Decisión mantener la pena en los términos y condiciones establecidos en el fallo impugnado, frente a la evidencia que en ese proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”, precisa un de los apartes de la petición firmada por el fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Mejía Abello.

En uno de los apartes del documento de 245 páginas, la Fiscalía indica que en el fallo de primera instancia se hizo “un análisis sobre la coparticipación criminal con la que habían actuado Arias Leiva, los funcionarios a su cargo, los funcionarios del IICA y los beneficiarios, quedando así demostrada la segunda circunstancias de mayor punibilidad que le fuere cuestionada al doctor Andrés Felipe Arias”.

Los subsidios que distribuía el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) -resalta la Fiscalía- llegaron a manos de grandes empresarios que llegaron a presentar, en el papel, predios fraccionados para recibir más subsidios económicos. “La Sala concluyó que debido a su cargo de ministro de Agricultura y a la autoridad que ejercía en la cartera, conoció y estuvo al tanto de los procesos contractuales que se celebraron para la ejecución del programa AIS”.

El delegado del ente investigador señaló que durante el extenso juicio se demostró la teoría de la Fiscalía General frente a las múltiples irregularidades en la celebración de contratos.