El juzgado 22 de ejecución de penas de Bogotá le otorgó la libertad condicional al excongresista Álvaro García Romero, condenado en febrero de 2010 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple, homicidio simple en calidad de determinador y desplazamiento forzado por los hechos que rodearon la masacre de Macayepo, ejecutada por grupos paramilitares el 14 de octubre del año 2000.
En la determinación se advierte que García Romero cumplió un “tiempo físico de detención” de 25 años y tres meses de la pena fijada. Por lo que se le concedió la libertad condicional “constituida la caución en cuantía de diez salarios mínimos legales vigentes” y la firma de un compromiso con periodo de prueba de 14 años, ocho meses y 24 días.
Tras realizar los respectivos trámites, García Romero quedará en libertad en las próximas horas.
Pese a que en octubre de 2021 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había admitido el sometimiento de García Romero, la falta de aportes a la verdad “respecto a los patrones delictivos, en especial de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras conductas graves” de las que tendría conocimiento el excongresista y los continuos comentarios revictimizantes, llevaron a que la Sala de Reconocimiento tomara la drástica decisión de expulsarlo y quitarle todos los beneficios judiciales.
Tras uno de los procesos judiciales más complejos, el exsenador García Romero fue sentenciado tras comprobarse su participación activa en los hechos que rodearon el asesinato de doce campesinos señalados de colaborar con la guerrilla de las Farc en la zona de Montes de María, en el departamento del Bolívar.
La masacre fue ejecutada por orden del jefe del Bloque Montes de María, Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, atendiendo una petición del exgobernador de Sucre, Miguel Nule Amín —condenado a 28 años de prisión— por el robo de un ganado de su propiedad.
Una conversación telefónica revelada en exclusiva por SEMANA en 2007 —entre un senador y un hacendado, que dura poco más de dos minutos— fue la pieza clave para confirmar la participación del exsenador Álvaro García en la masacre de 12 campesinos que fueron asesinados con garrote por paramilitares, como una retaliación por el actuar violento de la guerrilla.
Tras esta revelación periodística, García Romero —quien hacía parte de uno de los grupos políticos y económicos más poderosos del norte del país— radicó el 19 de julio de 2007 su carta de renuncia asegurando que iba atender las citaciones de la Fiscalía General que le abrió una investigación para verificar sus nexos con grupos paramilitares.
“Como debo dedicarle todo el esfuerzo y el tiempo posible a mi defensa y en atención a que tanto la Constitución Política como los tratados internacionales firmados por Colombia proscriben los procesos de única instancia, presento renuncia irrevocable al cargo de Senador de la República”, manifestó el senador.
García Romero comenzó su carrera como alcalde de Ovejas, en Sucre. Luego fue concejal de Sincelejo, diputado a la asamblea de Sucre, representante a la Cámara (por tres periodos) y durante cuatro períodos estuvo en el Senado.