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Autoridades desmantelaron una red dedicada al contrabando de textiles en Bogotá
Autoridades desmantelaron una red dedicada al contrabando de textiles en Bogotá - Foto: Policía Fiscal y Aduanera/Web

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Autoridades desmantelaron una red dedicada al contrabando de textiles en Bogotá

La policía aduanera señaló que la organización delincuencial contaba con su propio sistema de vigilancia para no ser detectada.

En una operación conjunta de la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, se logró la incautación de más de 193.000 prendas de confección que fueron ingresadas al país de contrabando.

La acción fue adelantada por las autoridades en un parque empresarial e industrial de la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá, en el marco del denominado plan “cruzada contra el contrabando”.

Los investigadores determinaron que los delincuentes, al parecer, tenían una estrategia milimétricamente planeada y estudiada para evadir la acción de las autoridades.

“En vehículos con blindaje especial y de alta gama eran utilizados para transportar la mercancía de contrabando, desde el centro de acopio hasta los centros comerciales como San Victorino y San Andresito, en el centro de Bogotá”, indicó la Policía Fiscal y Aduanera.

Señaló que, además, los vehículos ingresaban a las bodegas utilizando un sofisticado sistema de tecnología con tarjeta con chip. “Una vez los automotores ingresaban al depósito que tenía apariencia de estar vacío, para no levantar sospecha de las autoridades o de transeúntes, los abastecían de mercancía de contrabando y eran llevados hasta los centros comerciales”, indicó.

“Durante esta investigación, la Policía Fiscal y Aduanera, empleó técnicas especiales de investigación, donde fue necesario utilizar equipos técnicos y tecnológicos para identificarlos centros de acopio, donde estos delincuentes almacenaban el ilícito”, agregó.

De acuerdo con la información, “los investigadores establecieron que los ciudadanos extranjeros, al parecer, contaban con un sofisticado sistema de vigilancia, que los alertaba ante la presencia de la Policía.

El mayor Miguel Ángel Mercado, jefe de División de Control Operativo de Bogotá, señaló que esta es una de las mayores operaciones contra el contrabando en el sector económico textil del año, ya que se logró la incautación de más de 193.000 unidades de confecciones, avaluadas en 8.700 millones de pesos, que dejan de percibir estructuras criminales transnacionales dedicadas a la evasión fiscal y aduanera.

“Esta acción delincuencia de evasión estaría dejando una afectación al Estado por 4.263 millones pesos por tributos que no fueron pagados”, indicó.

Los dos ciudadanos extranjeros fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por Favorecimiento al Contrabando, delito por el que podrían enfrentar de tres a seis años de prisión.

Desarticulación de una organización dedicada al lavado de activos
Desarticulación de una organización dedicada al lavado de activos - Foto: Policía Fiscal y Aduanera/Web

Desarticulación de una organización dedicada al lavado de activos

De otra parte, la Policía Fiscal y Aduanera, señaló ante la Fiscalía General de la Nación fueron presentados seis personas ante un juez de control de garantías de la ciudad de Bogotá, presuntos responsables de pertenecer a una organización delincuencial dedicada al contrabando de confecciones, textiles y calzado con fines de lavado de activos, a través operaciones aduaneras fraudulentas, perpetradas entre el año 2014 a 2021.

El fraude aduanero se realizaba a través de la modalidad contrabando técnico, mediante la importación de mercancía proveniente de China, Estados Unidos y Panamá utilizando documento falsificados de facturas de compra, la sub facturación de valor y alteración del peso del producto.

“La operación Imperio fase II, es la culminación de un proceso investigativo iniciado en el año 2014 en nuestro país, producto de una asistencia judicial solicitada por autoridades de Estados Unidos a raíz de la incautación de diez millones de dólares en el Estado de California, en la cual se hallaron unos elementos materiales de prueba que relacionaban empresas colombianas con lavado de activos producto del narcotráfico”, señaló.

En el año 2017 fueron capturadas en Colombia 33 personas, entre ellas los condenados Jaime Tello y Óscar Puentes, relacionadas con estas empresas utilizadas para el lavado de activos y contrabando, y en esta segunda fase están siendo capturados sus principales cabecillas.

“Lain Suaza López, teniendo en cuenta el acervo probatorio presuntamente lideraba esta organización criminal, utilizando para la importación irregular de mercancías seis empresas (tres de ellas con la categorización de Usuarios Aduaneros permanentes) y una agencia de aduanas, las cual estaban a nombre de terceras personas (que fueron capturas en este procedimiento), resaltando que este sujeto no dejaba rastro de su identidad en sus operaciones criminales para evitar su judicialización”, señaló.

Junto con él, fueron capturas otras cinco personas, que fungían como contadoras, representantes legales de empresas importadoras, agentes de aduanas y un articulador del contrabando.

En el desarrollo del proceso investigativo se pudo evidenciar movimientos de dinero por intermedio de cuentas bancarias con sede en Estados Unidos, Panamá y Colombia, de las cuales realizaron giros por más de 227 mil millones de pesos a empresas radicadas en Venezuela, Islas Vírgenes y Curazao; así mismo la Dian realizó procedimientos de decomiso de mercancías por valor de 81 mil millones de pesos.

“Durante los 21 meses de labores investigativas, fue necesario el análisis de comunicaciones de más de 5.000 horas de escucha, además se analizaron siete teras de información, desarrollando actos de indagación que permitieron identificar cerca de 70 procesos investigativos, que correspondían a materialidades efectuadas por autoridades aduaneras a esa organización criminal, obteniendo información legalmente obtenida que daba cuenta de otros delitos asociados”, indicó.

Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, surtiendo las diligencias de legalización de captura, allanamientos e incautación de elementos, la imputación de cargos por los delitos de contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito y, la solicitud de medida de aseguramiento que concluyó con la decisión del juez de imponer la medida privativa de la libertad, intramural.