El comercio exterior colombiano enfrenta una carrera contrarreloj. Siete gremios empresariales y logísticos advirtieron que, si el Congreso no aprueba antes del próximo 20 de junio el nuevo régimen sancionatorio aduanero, el país podría enfrentar un vacío jurídico que pondría en riesgo más de $7 billones, además de afectar decomisos, sanciones, investigaciones y procesos de fiscalización en todo el territorio nacional.
La advertencia fue realizada por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), junto con Alaico, Asonav, Cladec, Fenalco, Fitac e ICDT, organizaciones que agrupan importadores, exportadores, agentes aduaneros, transportadores, operadores logísticos, zonas francas, comerciantes y especialistas tributarios, quienes solicitaron priorizar el trámite legislativo del proyecto que crea el nuevo Régimen Sancionatorio y de Decomiso de Mercancías en Materia Aduanera.
El tiempo juega en contra. La Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional estableció como fecha límite el 20 de junio de 2026 para que exista una nueva legislación sancionatoria aduanera aprobada, conciliada y sancionada por Presidencia.
Aunque el proyecto superó el primer debate conjunto en Senado y Cámara el pasado 19 de mayo, todavía faltan debates plenarios, conciliaciones y sanción presidencial, todo dentro de un calendario que ahora se mide prácticamente en días.
Las cifras detrás de la preocupación son considerables. Según la exposición de motivos citada por los gremios, sin una nueva legislación podrían archivarse 8.250 procesos de investigación fiscalizadora equivalentes a $3,25 billones, además de 148 procesos administrativos por $1,07 billones y 2.453 procesos judiciales aduaneros valorados en $2,74 billones. En total, cerca de $7,07 billones perderían sustento jurídico.
Pero el problema no se limita a los procesos actualmente abiertos. La preocupación empresarial también apunta a las consecuencias operativas que generaría un vacío regulatorio.
Según los gremios, el país podría quedarse sin herramientas claras para adelantar aprehensiones, decomisos, liquidación de sanciones o investigaciones relacionadas con mercancías ilegales.
La discusión adquiere mayor relevancia cuando se observa el tamaño del contrabando en Colombia. Según cifras presentadas por Analdex, esta actividad mueve aproximadamente US$8.225 millones al año, equivalentes a cerca de $31 billones o 1,6 % del PIB nacional. Además, se calcula que las pérdidas asociadas en IVA externo y aranceles rondan los $10,4 billones anuales.
El impacto tampoco se limita al recaudo fiscal. Los gremios advierten que el contrabando continúa siendo utilizado como mecanismo para lavado de activos, financiación de economías ilegales y circulación de mercancías que pueden afectar controles sanitarios, ambientales e incluso seguridad nacional mediante tráfico de armas o precursores químicos.
Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, calificó la situación como una “verdadera carrera contra el tiempo” y pidió que el proyecto sea priorizado dentro del orden legislativo para evitar que el país entre en un escenario de incertidumbre jurídica.
Para los gremios firmantes, el debate trasciende intereses sectoriales. Insisten en que la discusión gira alrededor de mantener herramientas regulatorias para proteger la competitividad, fortalecer seguridad jurídica y evitar que uno de los principales problemas económicos del comercio exterior colombiano opere con menos controles justo cuando el país intenta fortalecer su capacidad exportadora y logística.