La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) hizo un llamado al Congreso de la República para que convoque cuanto antes a sesión de continuación y apruebe el nuevo régimen sancionatorio aduanero antes del 20 de junio de 2026, fecha límite fijada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-072 de 2025.
El gremio advirtió que, de no aprobarse el Proyecto de Ley 312S de 2025, acumulado con el 331S de 2025, el país enfrentaría un vacío jurídico que obligaría a archivar más de 10.800 procesos aduaneros por un valor cercano a $7,07 billones, además de dejar sin sustento legal medidas como aprehensiones, decomisos y liquidación de sanciones.
La solicitud se produjo luego de que las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara discutieran en primer debate la ponencia unificada del proyecto el pasado 12 de mayo. Aunque la iniciativa recibió respaldo de sectores de gobierno y oposición, la sesión fue levantada sin completar las votaciones virtuales, dejando pendiente su aprobación formal.
Sin embargo, Analdex insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en evitar un retroceso institucional, sino también en aprovechar la oportunidad de modernizar las reglas del comercio exterior colombiano.
“El nuevo régimen permite diferenciar entre el error humano y el fraude deliberado”, señaló Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, destacando que la propuesta fue construida durante más de siete semanas de mesas técnicas con participación del sector privado, autoridades aduaneras, academia y congresistas.
Entre los principales cambios contemplados en la iniciativa se encuentran la inclusión de la debida diligencia como causal de exoneración de sanciones, un tratamiento diferenciado para errores formales de digitación, la suspensión del cobro inmediato para operadores con garantías globales y operadores económicos autorizados (OEA), así como reglas más claras sobre la caducidad de decomisos y la verificación de capacidad económica.
Para Analdex, estas medidas no implican flexibilizar los controles, sino hacerlos más precisos y enfocados en combatir estructuras de contrabando y fraude aduanero.
El gremio también subrayó que la seguridad jurídica es un factor clave para la competitividad del país y para atraer inversión y operaciones logísticas internacionales. En ese sentido, aseguró que la ponencia se alinea con estándares de la OCDE y buenas prácticas internacionales.