Esta semana en Valledupar se realizó la audiencia restaurativa de la JEP del coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería n.º 2 La Popa.
El alto mando militar reconoció ante las víctimas su responsabilidad por los crímenes cometidos por sus subordinados durante el periodo en el que estuvo al frente de esta unidad militar entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005.
La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP lo acusó de haber omitido su deber de prevenir y sancionar las actuaciones de sus tropas frente a 24 hechos victimizantes que dejaron 38 personas asesinadas. Entre las víctimas se documentaron 11 casos de desaparición forzada y 9 de tortura.
El proceso contra Figueroa tuvo un giro total el 27 de enero de 2026 cuando el comandante reconoció su responsabilidad. Hasta entonces, el coronel retirado no había aceptado los cargos que le había imputado la Sala de Reconocimiento de Verdad en 2021. Sin embargo, durante la audiencia preparatoria del juicio, aceptó los cargos formulados por la UIA.
Ese reconocimiento transformó el juicio adversarial en uno restaurativo. La audiencia comenzó con un acto simbólico. Las víctimas ingresaron al auditorio con una ofrenda floral y ubicaron las flores en sillas que tenían los nombres de sus familiares. Posteriormente, la mayora Marcelina Cáceres, del pueblo Kankuamo, pidió a Figueroa ponerse en el lugar de las víctimas y ofrecerles, a través de la verdad y la sinceridad, algo de calma. A las familias les dijo: “Calmen su corazón, limpien su corazón, limpien su espíritu para que sus seres queridos puedan también descansar en paz”.
Tras la instalación, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, relator de este caso, recordó que “como su nombre lo indica esta audiencia tiene un carácter restaurativo, por lo cual su desarrollo no se centra en el debate probatorio, sino en el restablecimiento de los derechos de las víctimas, el diálogo entre ellas y el procesado y en restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito. El modelo restaurativo busca reconocer el sufrimiento causado a las víctimas, reparar el daño inferido y restaurarlas en su dignidad, así como también el restablecimiento de la paz social y la reincorporación del compareciente a la comunidad a fin de restablecer la convivencia social pacífica”.
Finalmente, el magistrado le habló al compareciente: “Señor Juan Carlos Figueroa Suárez, hoy tiene usted una oportunidad. A partir del reconocimiento y de la verdad, tiene la oportunidad de poner de presente toda su humanidad, con sus fortalezas y sus debilidades. Tiene la oportunidad de facilitar que las víctimas aquí presentes transiten con algo más de alivio un daño que ya es irreparable”.
Por su parte, la magistrada María Pilar Valencia García, presidenta de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, señaló que espera que en la jornada haya “una contribución significativa de esclarecimiento de la verdad, de dignificación de quienes han sufrido los efectos del conflicto”, así como la consolidación de compromisos “concretos de reparación y no repetición”. La magistrada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, Reinere Jaramillo, destacó que son “muy importantes estas audiencias, que tienen un carácter restaurativo, que nos permiten cada vez más avanzar en ese reconocimiento de los comparecientes”.
Rocío Escorcia Bonet, hermana de Jon Jader Escorcia Bonet, una de las víctimas presentadas falsamente como baja en combate, habló en nombre de las familias y recordó que detrás de cada expediente hay una vida. “Hoy no solo buscamos justicia, buscamos memoria y dignidad, que el nombre de nuestros muchachos sea recordado con la verdad (...) no fueron cifras, no fueron informes, ni una equivocación; fueron hijos, hermanos, seres humanos, fueron vidas”, expresó.
Karen Margarita Castro Aguirre, hermana de Carlos Alfredo, solicitó que se dignifique su buen nombre: “Que la verdad que usted aporte hoy reconstruya la dignidad y la vida que nos arrebataron”, dijo. “El amor que Carlos nos dio en la familia es lo que no ha permitido que sea olvidado”. Y agregó que, a raíz del asesinato de su hermano Carlos Alfredo, su familia ya no hace parte del entorno social al que estaban acostumbrados porque a muchos les tocó desplazarse.
Desde el pueblo Wiwa, Pedro Loperena cuestionó el incumplimiento del deber de proteger a los pueblos indígenas por parte de quienes tenían responsabilidades de mando. Señaló que los asesinatos no solo afectaron a las personas, sino que atentaron contra “el Territorio, contra la cultura, el gobierno propio y el patrimonio étnico-cultural de este país”. María Faustina Martínez Zabatá, hermana de Nohemí Pacheco Zabatá, pidió a Figueroa limpiar el nombre de su hermana, quien fue señalada falsamente como guerrillera: “Le pido al señor Figueroa que nos diga la verdad y limpie el buen nombre de mi hermana. Ella no era guerrillera. Queremos saber la verdad”.
Elizabeth Coronado Montaño, hermana de Carlos Mario Navarro Montaño, quien fue presentado falsamente como baja en combate, señaló: “Lo que más anhelo es la no repetición, la justicia y que siempre salga a la luz la verdad”. “Yo perdono y desde el principio perdoné”, agregó, y pidió a Figueroa: “Que diga la verdad, que no calle, diga los nombres (detrás de los hechos). No le dé miedo porque para eso estamos”. “El Estado lo dejó sin nombre y él tenía nombre y apellido: se llamaba Luis Eduardo Oñate”, dijo Jesús Eduardo Oñate, miembro del pueblo indígena Wiwa, en relación con el asesinato de su hermano, quien fue presentado como falso positivo.
Esmeralda Nigiris Jaraba, compañera sentimental de Dagoberto Cruz Cuadrado, quien fue falsamente reportado como una baja en combate, pidió que se diga la verdad para poder limpiar su buen nombre: “Lo catalogaron como guerrillero. Yo le pido, señor Figueroa, que diga la verdad (...) Que sus hijas sepan que su padre no era ningún guerrillero”.
Marquiz José Oñate Arias, hermano de Néstor Rafael Oñate Arias, quien fue presentado como falsa baja en combate, pidió esclarecer lo sucedido. Mientras mostraba el periódico de la época en el que sale el nombre de su hermano señalado de pertenecer a la guerrilla, pidió a Figueroa: “Quiero que usted le cambie el nombre a este titular”. Por su parte, Ibeth Margarita Contreras Herrera, hermana de Joaquín Contreras, quien también fue un falso positivo, manifestó que aún hay hechos inconclusos relacionados con su muerte, como quién manejaba el inventario de los armamentos y las botas que le ponían a las personas que eran presentadas como bajas en combate.
Mónica Patricia Yepes Maquillón, hermana de Olmes Yepes Maquillón, presentado como falsa baja en combate, señaló que por muchos años su madre vivió con miedo y sin respuesta sobre lo que sucedió con su hijo: “Gracias a Dios que llegó la JEP y le tengo un poquito de respuesta a la pregunta que ella me hace (su madre): su hijo no es guerrillero”, señaló.
Después de escuchar a las víctimas, Figueroa Suárez tomó la palabra. Reconoció de manera expresa, libre, consciente, voluntaria, completa y sin reservas su responsabilidad en los términos de la acusación presentada por la UIA el 23 de noviembre de 2023. También reconoció los hechos, los patrones criminales y su responsabilidad de mando: “Durante mi comandancia ocurrieron 24 hechos victimizantes en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas ilegalmente, injustamente, como bajas en combate”, afirmó. Reconoció además las 11 desapariciones forzadas y los nueve casos de tortura documentados en el proceso.
El coronel retirado pidió perdón a las víctimas y a sus familias por los asesinatos, las desapariciones, la tortura, la estigmatización y los señalamientos que recayeron sobre quienes fueron asesinados y sus familiares.
Figueroa aseguró que durante demasiado tiempo las voces de las víctimas no fueron escuchadas y por ese motivo pidió perdón: “Les pido perdón por las vidas arrebatadas, por las desapariciones, por la tortura, por la estigmatización y por los señalamientos que cayeron sobre personas y familiares. Pido perdón por los hogares que quedaron incompletos, por las búsquedas que se prolongaron durante años, por los cuerpos que sus familias tuvieron que reclamar y por haberlas obligado a defender lo más importante: el buen nombre de sus seres queridos frente a versiones oficiales que los presentaban como combatientes, y que yo como comandante del batallón firmaba a través de los medios locales de comunicación”.
Al finalizar su intervención, Juan Carlos Figueroa Suárez, como forma de dignificar a las víctimas, pidió un minuto de silencio por su memoria y, posteriormente, leyó sus nombres: “Queremos pronunciar el nombre de personas inocentes y decir que ellos no pertenecían a grupos armados al margen de la ley. No eran combatientes y fueron asesinados por mis tropas en estado de indefensión. Sus vidas fueron convertidas injustamente en cifras y presentadas como resultados operacionales”.