El empresario Carlos José Mattos Barrero renunció a las dos demandas que había interpuesto en contra de Colombia, en las cuales aseguraba que era víctima de una persecución judicial.
En una carta enviada al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la defensa de Mattos manifestó que era su intención desistir de las acciones que había presentado en noviembre de 2021 contra el “Estado colombiano y el Estado español”.
En esa oportunidad, Mattos —quien estaba ad portas de ser extraditado a Colombia— le había pedido la protección de sus derechos fundamentales al considerar que en efecto estaba siendo perseguido jurídicamente.
Para Mattos, era necesario protegerlo por “las serias y graves violaciones a mis derechos humanos y libertades fundamentales que les fueron dadas a conocer en el marco de los procesos penales que se adelantan en mi contra en Colombia y el proceso de extradición efectuado de España y Colombia”.
En la carta, firmada de puño y letra por Mattos, se señala que la renuncia a la demanda se realizó de manera “libre, espontánea”, haciendo referencia al preacuerdo que firmó a comienzos de enero con la Fiscalía General “para resolver mi situación jurídica de forma urgente, por mi avanzada edad y mis enfermedades y afectaciones de salud, acuerdo en el que renuncié a mi derecho de presunción de inocencia y del que espero se me dé un trato humanitario y que se cumpla con dicho acuerdo”.
El empresario, quien se encuentra privado de su libertad actualmente en la cárcel La Picota de Bogotá, firmó un preacuerdo en el que reconocía su participación en la planeación y puesta en marcha en un entramado de corrupción para resultar beneficiado con unas medidas cautelares que le permitiera seguir vendiendo en Colombia vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.
Mattos sobornó a funcionarios y empleados de la Rama Judicial con el fin de que la demanda que interpuso fuera direccionada al juzgado sexto civil municipal de Bogotá que en tiempo récord falló a su favor e interpuso las medidas cautelares.
El pasado 19 de enero, la Fiscalía General presentó formalmente ante un juez de conocimiento el preacuerdo firmado con Carlos Mattos. En la negociación se fijó una condena de 56 meses de prisión (cuatro años y medio) tras reconocer su responsabilidad en el delito de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos).
Igualmente, se comprometió a pagar una indemnización de dos millones de dólares a la Fiscalía General y a la Rama Judicial por los daños y perjuicios causados por su actuar, así como el pago 30 millones de pesos por concepto de multa y la inhabilidad por 53 meses. Igualmente, una reparación integral para las víctimas, la presentación de excusas públicas por las acciones adelantadas que afectaron gravemente a la administración de justicia.
Mattos, quien durante años evadió a la justicia colombiana y aseguró que era inocente, reconoció su responsabilidad en los dos juicios que se le adelantan por sobornar a jueces civiles.