En la tarde del 7 de agosto de 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez se posesionaba como Presidente de la República, varios estruendos en medio de la ceremonia generaron caos y zozobra. Dos “rockets” chocaron contra la fachada de la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, mientras que otros artefactos impactaron en la sede del Congreso mientras que otros llegaron hasta la conocida ‘Calle del Cartucho’.
Pocas horas después de los hechos, la guerrilla de las Farc se adjudicó el acto terrorista. El grupo subversivo, según corroboró la evidencia, lanzaron un total de 14 proyectiles de 120 milímetros, conocidos en el argot popular como “rockets”.
La acción terrorista dejó 17 personas muertas y otras 67 gravemente heridas. La mayoría de víctimas quedaron registradas en la “Calle del Cartucho”, conocida por la masiva presencia de habitantes de la calle, vendedores informales y trabajadoras sexuales.
“[U]na de las granadas de mortero que impacto los predios de la Casa de Nariño dejó heridos a varios miembros de la Fuerza Pública. Peor aún, los explosivos detonados en el barrio aledaño dejaron 14 personas muertas y 59 heridas”, señaló un informe de la Fiscalía General que advirtió que para el 2002 la guerrilla de las Farc tuvo “su mayor auge con respecto a las acciones armadas: se dedicaron al sabotaje económico, a los atentados en centros urbanos y al secuestro de figuras reconocidas (políticos y funcionarios públicos) con el objeto de presionar por un acuerdo humanitario”.
Este atentado terrorista llegó para sumarse a la carpeta del Caso No.10 que cobija los denominados “crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas Farc por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó inspecciones a archivos y documentos en la Alcaldía Local de San Cristóbal, de Bogotá; las Secretarías de Salud y de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá D.C.; la Policía Nacional y el Batallón de Infantería No. 37 Guardia Presidencial del Ejército Nacional con el fin de identificar y ubicar, con datos de contacto, a todas las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos el 7 de agosto de 2002.
La Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la JEP delegó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para que en un término de diez días hábiles, rinda al despacho un informe que consolide el estado, la etapa, los despachos asignados, el universo de víctimas (con datos de contacto) y los avances de las noticias criminales adelantadas hasta el momento por la Fiscalía General de la Nación, por los hechos ocurridos el 7 de agosto de 2002.
Con la recolección de esta información se busca tomar una decisión de fondo frente a aquellos integrantes de las Farc que tuvieron una participación activa y conocimiento tanto en la planeación como puesta en marcha de este atentado terrorista.
Por este hecho terrorista, el Consejo de Estado ya ha emitido dos condenas contra la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, por no tomar acciones para prevenir esta acción.
