El Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá dictó sentencia condenatoria contra Emilio José Tapia Aldana, tras la aprobación del preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación. En este acuerdo, Tapia aceptó los cargos por los delitos de falsedad en documento privado en concurso heterogéneo con fraude procesal, y peculado por apropiación agravado a favor propio y de terceros.
El fallo, leído el 16 de enero de 2025, establece que Tapia cumplirá una pena de 76 meses de prisión, deberá pagar una multa de $ 4.714.761.660 y estará inhabilitado para ejercer funciones públicas por un periodo de 60,6 meses.
Esta sentencia se da tras el reconocimiento de su responsabilidad y la colaboración con la justicia, lo que le permitió acceder a una rebaja de pena conforme al artículo 352 de la Ley 906 de 2004.
Los hechos que llevaron a esta condena están relacionados con el proyecto Centros Digitales, una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para llevar internet a zonas rurales de Colombia.
En el proceso de licitación pública FTIC-LP-038-2020, la adjudicación fue otorgada a la Unión Temporal Centros Poblados, conformada por varias empresas, entre ellas ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa SAS, Omega Buildings Constructora SAS y Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Funtic, ahora Novotic).
Sin embargo, Tapia y sus cómplices falsificaron documentos clave para acceder al contrato, incluyendo una garantía bancaria falsa del 28 de octubre de 2020, utilizada para demostrar solvencia financiera ante MinTIC y una garantía Bancaria Itaú n.° 2020-1156-1001, por $ 70.243.279.599, que debía respaldar el manejo del anticipo del contrato.
Además, una garantía Bancaria Itaú n.° 2020-1156-1002, por $ 65.968.575.904, para asegurar el cumplimiento general del contrato y la garantía Bancaria Itaú n.° 2020-1156-1003, por $ 9.655.833.000, destinada a cubrir pago de salarios y prestaciones sociales.
Con estos documentos falsificados, lograron inducir en error a funcionarios del MinTIC y garantizar la adjudicación del contrato de $ 1,07 billones. Posteriormente, Tapia y sus aliados se apropiaron de manera ilegal de $ 5.063.623.890, desviando estos fondos para pagos a terceros y enriquecimiento personal.
Como parte del preacuerdo, Tapia se comprometió a reintegrar el dinero apropiado de manera ilegal. Hasta la fecha, ha devuelto $ 2.532 millones a través de títulos judiciales entregados a la Dirección Especializada Contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación.
El saldo restante de $ 2.531.623.890 será pagado en dos cuotas: la primera la deberá entregar el 16 de abril por la suma de $ 1.265.811.945 y la segunda el 16 de octubre por un valor de $ 1.265.811.945.
Para garantizar estos pagos, Tapia y su codeudor solidario, Santiago Turbay Vallejo, firmaron dos pagarés que serán ejecutados en caso de incumplimiento. Además, se ofrecieron dos bienes inmuebles como respaldo, los cuales fueron evaluados por la Fiscalía y se solicitó una restricción de dominio por tres años para evitar su venta o transferencia.
Los bienes utilizados como respaldo son un inmueble ubicado en Girardot y avaluado en $ 1.128.733.000, a cargo de Santiago Turbay Vallejo. El segundo inmueble está ubicado en Medellín y avaluado en $ 17.692.170.951, con un 66,667 % de propiedad en manos de Lorena Esther Martínez Uribe, quien otorgó poder a Santiago Turbay Vallejo para ofrecerlo como garantía.
El juzgado encontró suficiente respaldo en estos bienes, aunque aclaró que no se aprobaría la inclusión del predio de Girardot, ya que su propiedad real no estaba suficientemente acreditada.
Además del reintegro del dinero, Emilio Tapia se comprometió a colaborar con la justicia, testificando en el proceso sobre la adjudicación del contrato n.° 1043 de 2020. Además, a ofrecer disculpas públicas a las víctimas y a la sociedad colombiana, a través de un medio de comunicación de amplia circulación nacional.