El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzó este martes, 12 de mayo, una de las alertas humanitarias más fuertes de los últimos años sobre lo que está sucediendo en las regiones de Colombia en materia de violencia.
Según el organismo, el país atraviesa “el nivel más grave de la última década” en materia de afectaciones tras los hechos de terror que son perpetrados por los grupos armados ilegales, que obligan a las comunidades a estar confinadas; otras personas desaparecen y los ataques con drones cargados con explosivos, pero también el reclutamiento de menores de edad.
El informe al que se hace referencia sale cada año y este lleva el título: “Colombia 2025: el drama humanitario que las cifras no alcanzan a describir”, donde revela el grave y complejo panorama por el incumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH).
Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá, dijo que lo que ocurre es preocupante.
“El drama humano no puede describirse solo con cifras, sino que queda reflejado en el sufrimiento de comunidades enteras sometidas al temor de los enfrentamientos: las familias forzadas a dejar todo atrás para poder sobrevivir, la búsqueda de miles de personas desaparecidas, las vidas truncadas de niños y niñas marcados por la guerra”, afirmó.
De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, al menos 235.619 personas fueron desplazadas de manera individual durante 2025, mientras que otras 87.069 tuvieron que abandonar sus territorios en desplazamientos masivos. A esto se suman 176.730 personas confinadas en medio de enfrentamientos y control armado.
El CICR alertó que, frente a 2024, el desplazamiento individual aumentó un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %, configurando un deterioro humanitario sin precedentes recientes.
“La situación humanitaria en 2025 es el resultado de un deterioro progresivo que el CICR ha advertido desde 2018 y que hoy se expresa en consecuencias cada vez más graves y profundas para la población civil”, aseguró Dubois.
El informe también documentó 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, de las cuales la mayoría eran civiles. Entre ellas había 93 niños, niñas y adolescentes.
Lo que también llamó la atención de este organismo fue el uso de los drones que fueron modificados para el lanzamiento de explosivos por parte de los ilegales contra las comunidades.
“El uso de drones de origen comercial modificados para el lanzamiento de artefactos explosivos se ha intensificado en el contexto de los conflictos armados en el país y ha generado temor, incertidumbre y daños graves entre las comunidades afectadas”, se lee en el documento.
Asimismo, precisaron que este tipo de enfrentamientos se presentó en zonas urbanas donde afectaron colegios, centros comunitarios y viviendas de las personas. Hasta las escuelas fueron usadas por los ilegales para su accionar violento o quedaron en medio de explosivos.
“Todo lo anterior dificultó o impidió el acceso de niñas, niños y adolescentes a la educación, lo que aumentó su exposición a diversos riesgos, incluido el involucramiento en los conflictos armados”, advirtió el informe.
Otro punto que preocupó al organismo son las desapariciones en medio de la escalada violenta que hoy sacude a Colombia. En 2025, hubo 308 nuevos casos, aunque precisó que esto no representa la totalidad de este tipo de hechos en Colombia.
En cinco departamentos donde el CICR hace presencia, documentaron 65 casos de desaparición de menores relacionados con reclutamiento forzado por parte de los grupos alzados en armas.
“La mayoría de estos casos corresponde a adolescentes entre los 15 y 17 años; sin embargo, también se registraron situaciones que afectaron a niños y niñas entre los 11 y 14 años”, alertó.
De igual manera, indicaron que las redes sociales están siendo usadas por los grupos armados con el fin de llegar a más jóvenes y poder ingresarlos a sus filas.
“Las cifras disponibles no reflejan la magnitud real de este fenómeno, en parte porque muchas víctimas y sobrevivientes enfrentan estigmatización, temor a represalias y barreras para reportar lo ocurrido”, sostuvo el documento.
Al tiempo, en 2025 lograron documentar 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario que tienen relación con casos de homicidios, afectaciones a civiles, restricciones a la movilidad y ataques que comprometieron bienes protegidos.
“En los conflictos armados, el impacto sobre la población civil depende en gran medida de las decisiones que toman las partes en conflicto. Cuando no se respeta el derecho internacional humanitario, esas decisiones generan daños directos para la vida, la dignidad y la integridad de las personas”, afirmó Dubois.
Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja señalaron que es necesario que los grupos armados en Colombia respeten el DIH y protejan a la población civil en medio de esta guerra.
“Colombia no está condenada a sufrir indefinidamente las consecuencias de los conflictos armados. Aun en tiempos difíciles, es posible reducir ese sufrimiento. El respeto del DIH no solo ofrece un camino claro para lograrlo, sino que constituye una obligación urgente e ineludible”, concluyó el jefe de la delegación del CICR en Bogotá.