“Con sus afirmaciones desconoció la presunción de inocencia”, duro reclamo de la defensa del expresidente Uribe a la jueza del caso

La intervención del abogado Jaime Granados, en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, por la presunta manipulación de testigos, fue dura y llegó a un punto central: recusar a la jueza del caso.

Para el abogado no hay duda de que la jueza afectó el debido proceso y las garantías de independencia, de la defensa y la presunción de inocencia. Estas fueron las razones para recusar a la jueza mientras insisten en que es evidente una actitud por afectar los derechos de las partes en este proceso, principalmente lo que atañe a la presunción de inocencia.

“Aunque el Tribunal se cuidó de no llegar tan lejos, la defensa sí puede hacerlo, y es que con sus afirmaciones usted ha desconocido de manera directa el alcance del artículo séptimo de la Ley 906, que establece la garantía de la presunción de inocencia, que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal y lo que usted hizo es todo lo contrario a eso”, dijo el abogado Granados.

La audiencia de este lunes se convierte en la segunda sesión del juicio que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por delitos y fue la oportunidad para que la defensa del exmandatario expresara un detalle sustancia en el proceso. Principalmente, que en el transcurso de las diligencias notaron, con preocupación, una intención deliberada de la jueza de afectarlos.

“La señora juez que preside este juicio en lo que ha corrido del mismo, ha asumido y ha exteriorizado una conducta sistemática de vulneración de garantías de la defensa, tanto técnica, como material, mostrando. Por el contrario, un desmedido e inusitado interés por que la actuación avance sin que importe el respeto por el debido proceso, haciendo duda la imparcialidad con la que está actuando”, dijo el abogado.

Jaime Granados argumentó su recusación en varios escenarios que, en su criterio, fueron evidentes en una sistemática afectación de garantías de objetividad. Para los abogados es un despropósito que terminó por minar el trabajo de la misma defensa y hasta las intervenciones de la Procuraduría como garante de la protección de los derechos constitucionales.

“Lo que denomina una conducta sistemática de la señora juez, de afectación de las garantías de objetividad y de trato en esa dimensión de la defensa técnica, de quien defiende en este caso al acusado, e incluso de quienes han cumplido una función constitucional buscando amparar el respeto del debido proceso como el Ministerio Público, que ha recibido también un trato que no es compatible con este principio de objetividad”, advirtió el defensor.

La recusación que presentó la defensa del expresidente la tendrá que resolver la misma jueza, quien seguramente la rechazará de plano, lo que abre paso a otro escenario judicial, donde un superior de la jueza tendrá que analizar los argumentos y considerar si la recusación es infundada o debe pasar a estudio.