Condenan a la abogada Judy Ospina por hacerse pasar por representante legal de Fernando Balda, ecuatoriano secuestrado en Bogotá

Casi 11 años después de que ocurriera el delicadísimo secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda Flores en el norte de Bogotá, se dio una importante decisión en el caso que se adelanta contra la abogada Judy Ospina Guzmán. De igual forma, en el proceso contra la fiscal Consuelo Montañez Dueñas.

De acuerdo con las autoridades, en medio del proceso judicial contra los responsables del secuestro, la fiscal Montañez habría “reclutado” a la abogada Ospina pasar que se hiciera pasar como abogada del exasambleísta Balda durante el proceso judicial y la audiencia de formulación de cargos, sin presentar oposición y aceptando una condena para los sindicados por secuestro simple, a pesar de que el delito cometido estaba tipificado como “secuestro agravado”. Todo esto, al parecer, para beneficiar a los secuestradores, entre los que se encontraba un suboficial del Ejército Nacional.

Por estos hechos, el Juzgado 61 Penal de Bogotá declaró a la abogada Ospina Guzmán responsable del delito de falsedad ideológica en documento público agravado, “por actuar como copartícipe y usar el documento falseado, en concurso homogéneo y sucesivo (por dos eventos), de conformidad con las argumentaciones expuestas”, indicó el juzgado.

En consecuencia, fue sentenciada a la pena de 45 meses (3 años) y 10 días de prisión, así como inhabilitada para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de la libertad. Cabe recordar que la litigante aceptó los cargos en medio del proceso.

Sin embargo, el juzgado concedió “la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad a Judy Mónica Ospina Guzmán por un periodo de prueba de dos años previa constitución de caución prendaria (depósito de dinero o póliza de garantía) equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente y suscripción de acta de compromiso, so pena de continuar con la ejecución de la sentencia”.

Por parte de la fiscal Alexandra Montañez, la Fiscalía General inició una indagación por prevaricato por omisión agravado y fraude procesal.

El secuestro de Fernando Balda en Bogotá

De acuerdo con el relato de la Fiscalía General durante la audiencia de imputación de cargos, los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2012, en la carrera 19 con calle 144, donde el ecuatoriano Fernando Balda Flórez fue secuestrado por varias personas que lo interceptaron a las 8:45 de la noche, lo obligaron a subir a una camioneta y finalmente, cuando un policía les hizo “señal de pare”, en un puesto de control vehicular ubicado el peaje situado en la Autopista Norte con calle 200, desde el carro en movimiento los delincuentes lanzaron a Balda al suelo, en los alrededores de ese sector, mientras huían del actuar de la Policía.

Como resultado de lo ocurrido, la Fiscalía abrió una indagación dentro de la cual, el 20 de marzo de 2014, durante audiencia preliminar, la fiscal Consuelo Alejandra Montañez formuló imputación a Moisés Enrique Pérez Escobar y a Yajaira Valencia Lasso como responsables del delito de secuestro. En ese entonces, los procesados fueron representados por la abogada Judy Mónica Ospina Guzmán.

Posteriormente, las partes celebraron un preacuerdo consistente en que los imputados, al igual que Diego Luis Moreno Navia y Jimmy Erley Navia Hurtado, otros involucrados, reconocerían su responsabilidad en el delito de secuestro, pero la Fiscalía les “reconocería” la causal de atenuación punitiva prevista en el inciso artículo 171, es decir, haber dejado en libertad al retenido de manera voluntaria, lo que permitiría imponerles una pena de 72 meses de prisión, “pese a que ello controvertía el núcleo fáctico del delito imputado, sin embargo, los procesados Pérez Escobar y Valencia Lasso le manifestaron a la abogada Ospina Guzmán que no se encontraban plenamente de acuerdo con la pena pactada, convenio sobre el cual no se le informó a la víctima de tal punible, aun cuando este último envió varias comunicaciones a fiscal en las que suministró sus datos de contacto”.

En consecuencia, según la Fiscalía, durante una reunión celebrada el 24 de septiembre de 2014 entre la delegada fiscal y la abogada Ospina, “la funcionaria pública le indicó que podrían llegar a un nuevo acuerdo más benigno para sus prohijados”, por el cual podrían recibir una pena de 48 meses de prisión, pero para conseguirlo era necesario que “algún profesional del derecho” asumiera la representación judicial de la víctima de ese delito y, ante esta situación, “el abogado Francisco Artunduaga Bedoya recibió la defensa de estos procesados, por solicitud de la abogada Ospina, mientras que esta última se presentó en el proceso como la apoderada del ciudadano ecuatoriano Fernando Balda y respaldó el nuevo consenso, pese a que este último nunca la facultó para ello, ni tuvo contacto con ella”.

Finalmente, el 6 de febrero de 2015 la mencionada fiscal firmó un acta de preacuerdo con los procesados Moreno Navia, Navia Hurtado, Valencia Lasso y Pérez Escobar, sus defensores y la abogada Ospina, “esta última actuando como apoderada de la víctima”, convenio que el Juzgado Tercero Penal del Circuito aprobó el 15 de mayo de 2015, “fecha en la que emitió una sentencia condenatoria en contra de los enrostrados, la cual quedó debidamente ejecutoriada”, de acuerdo con el Juzgado 61 Penal de Bogotá.

Fernando Balda sobre su secuestro

El exdiputado ecuatoriano del conservador Partido Sociedad Patriótica aseguró en 2018 que fue secuestrado por parte de agentes de inteligencia de Ecuador.

Balda se encontraba refugiado desde 2009 en el país tras huir de la justicia ecuatoriana por una demanda de injurias al Gobierno de Rafael Correa. “Entre lo que se investigó en Ecuador y Colombia, creemos que es imposible que Rafael Correa y los agentes de la Senain (inteligencia ecuatoriana) hayan podido ejecutar todo lo que hicieron en Colombia sin la anuencia de las autoridades”, aseguró entoces Balda.

De igual forma, sostuvo que debían ser investigados al expresidente Juan Manuel Santos, la excanciller María Ángela Holguín, además de altos responsables de emigración de Colombia que estaban a cargo cuando ocurrieron los hechos. Argumentó que su defensa tiene “muchos elementos que demuestran que los agentes ecuatorianos no hubieran podido operar” sin los apoyos logísticos de funcionarios colombianos.

Balda explicó que los secuestradores no conocían el terreno y que el secuestro se produjo “en un lugar muy complejo y tuvieron que salir en una huída por lo que necesitaban estar muy seguros del territorio y contar con operadores colombianos que conocían muy bien Bogotá”. El exlegislador consideró, asimismo, que en el proceso judicial que se sigue en Ecuador sobre su secuestro se ha demostrado que oficiales de la Policía colombiana de alto rango colaboraron con los agentes ecuatorianos.

De igual forma, aseguró que tanto Santos como su canciller y directivos de migración habían sido advertidos tres meses antes de que Rafael Correa “estaba intentando acciones en mi contra en Bogotá”.

Ante el temor de ir a la cárcel en su país, Balda se exilió en Colombia, donde pasó, antes del secuestro, según él, por un intento de deportación impulsado por la inteligencia ecuatoriana sin el conocimiento del presidente Santos. Supuestamente, tras ese intento fallido, sostuvo una reunión con el exmandatario colombiano en la que, aseguró, las autoridades “pudieron comprobar que había una incursión de agentes de inteligencia ecuatorianos en Colombia y nunca hicieron nada”.