El pasado 28 de octubre, SEMANA reveló en exclusiva la solicitud presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para que se investigara al abogado Miguel Ángel del Río por “filtrar información” en el expediente que cursa contra el exmandatario por las masacres de El Aro y La Granja.
“No soy asesino”: el expresidente Álvaro Uribe acudió a la Fiscalía a una diligencia de indagatoria por la investigación de las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato de Jesús María Valle. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/twn2kDGvlh
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 4, 2026
Dos días después, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, que actualmente tiene el proceso contra el expresidente Uribe Vélez, le pidió al abogado que en los próximos cinco días responda a los señalamientos hechos.
“(...) emita el pronunciamiento que estime pertinente y aporte las pruebas que pretenda hacer valer, si las tuviere, garantizando de esta manera el ejercicio de los derechos de defensa, contradicción y debido proceso”, señala el documento firmado por la fiscal Gloria María Abadía.
Igualmente, la fiscal les hizo una petición a todos los sujetos procesales en este caso para que eviten cualquier filtración de información que afecte el desarrollo del proceso.
“Se recuerda a todos los sujetos procesales el deber de observar y preservar la reserva sumarial bajo estricta confidencialidad, en aras de garantizar el debido proceso y proteger la integridad de las partes e intervinientes, conforme a los principios y disposiciones constitucionales y legales vigentes”, indica el documento.
En la actualidad, la Corte Constitucional examina un conflicto de jurisdicciones en este proceso.
Esto después de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes reclamara el conocimiento del proceso al citar directamente el llamado a indagatoria hecho por la Fiscalía General.
Eso se dio porque el ente investigador indicó que los presuntos nexos entre Álvaro Uribe Vélez y los grupos que habrían ejecutado las citadas masacres se extendieron hasta su primer periodo presidencial, es decir, al año 2002.
“(...) el accionar de esta organización, fragmentándose que Álvaro Uribe ejerció la Presidencia desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”, expresó la petición.
“Atendiendo al carácter permanente del concierto para delinquir agravado, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el 2003, existiría una razón objetiva para que esta Comisión asuma conocimiento como juez natural de los hechos que eventualmente se hubieran desarrollado durante el período de tiempo en el que Uribe Vélez fungió como presidente”, enfatizó la petición.
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se había opuesto a esta petición, señalando que los hechos investigados se presentaron cuando Álvaro Uribe Vélez fungía como gobernador de Antioquia, es decir, entre 1995 y 1997.
“(...) el objeto de la investigación hace referencia a los años 1996 y 1997, cuando presuntamente se conformó, o tuvo sus inicios, un grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas, que para el momento de la conformación no tenía ningún nombre ni denominación alguna. En la presunta creación, fomento y favorecimiento de un grupo paramilitar, para dicha época, sin que se tengan elementos para inferir que esta actividad se extendió hasta posteriores situaciones cobijadas durante el período en el cual el doctor Uribe Vélez se desempeñó como presidente de la República”, respondió la Fiscalía.