Consejo de Estado se pronunció sobre la inspección judicial del Congreso por caso del exgobernador Nicolás Gallardo

El Consejo de Estado se pronunció minutos después de que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes llegara a las instalaciones del Palacio de Justicia, para realizar una inspección a la Sección Quinta que estaría relacionado con el proceso que dejó por fuera de su cargo al exgobernador de San Andrés, Nicolás Gallardo.

Por medio de un comunicado, el Consejo de Estado afirmó que “la Sección Quinta informa que a través de la Secretaría General y la Secretaría de la Sección Quinta, se atienden en este momento las diligencias de inspección judicial decretadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales”.

Con ese argumento, el alto tribunal dijo que “prestó toda la colaboración para su práctica, como corresponde y como lo ha hecho en oportunidades anteriores en las que, en diversas investigaciones, se han practicado este tipo de pruebas”.

Volviendo al caso del exgobernador Gallardo, la diligencia, al parecer, se adelanta porque el gobernador considera que no se impartió el trámite correspondiente. SEMANA conoció que podría haber información relacionada con casos de supuesta corrupción dentro del Consejo de Estado.

El proceso se da en el marco de una indagación que se abrió por una denuncia presentada contra los magistrados del alto tribunal, que fue interpuesta a través de una tutela en la que reclaman supuestas violaciones a derechos fundamentales en la que alegan que, supuestamente, los consejeros habrían incurrido en infracciones a la ley penal porque habrían resuelto una tutela a pesar de que tenían en curso una recusación en su contra.

La otra tutela es la que está relacionada con las supuestas violaciones al debido proceso dentro del caso de nulidad de la elección del gobernador de San Andrés.

La inspección se llevará a cabo en la Secretaría General del Consejo de Estado, que es la dependencia a la que le corresponde el trámite de los expedientes sobre acciones constitucionales y los que cuya competencia recae en la Sala Plena.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara solicitó para este proceso que haya acompañamiento en la diligencia de la Policía, la Dijín y el Cuerpo Técnico de Investigación adscrito a esa comisión.

Además del caso del gobernador de San Andrés, a la Comisión de Acusaciones habrían llegado otros recursos de mandatarios locales y regionales que han presentado demandas porque también han sido inhabilitados por hechos similares, por lo que piden que se investiguen las actuaciones de los magistrados del Consejo de Estado.