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La visita del contralor Carlos Hernán Rodríguez al departamento del Putumayo.
La visita del contralor Carlos Hernán Rodríguez al departamento del Putumayo. | Foto: Contraloría

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Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal por millonarias irregularidades en ejecución de contratos en Putumayo

Desde el departamento del Putumayo, el contralor Carlos Hernán Rodríguez alerta sobre posible daño al patrimonio público.

2 de febrero de 2023

Este jueves, el contralor Carlos Hernán Rodríguez, en su visita al departamento del Putumayo, anunció que la Contraloría General de la República inició un proceso de responsabilidad fiscal por valor de 21.000 millones de pesos por irregularidades en la ejecución de un contrato de obra para la reconstrucción del acueducto de Mocoa, suscrito tras el desastre natural de 2017.

De acuerdo con el contralor, a la fecha, el contrato presenta incumplimiento, dado que la obra no presta el servicio a la comunidad.

Para garantizar el resarcimiento del patrimonio público, Rodríguez anunció que se vincularon en el proceso de responsabilidad fiscal a los garantes llamados a responder.

A su vez, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño al patrimonio público en la construcción de obras de mitigación sobre el río Sangoyaco, en cuantía de 1.575 millones de pesos. Adicionalmente, se decretaron medidas cautelares y los aseguradores fueron vinculados como terceros civilmente responsables.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez junto al vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez junto al vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga. | Foto: Contraloría

La obra, por un valor de 5.280 millones de pesos, se celebró entre la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora, y el contratista A&A CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S. La entidad afectada es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En medio de la auditoría del ente de control fiscal, se evidenció que la obra presenta daño estructural, diferente a las condiciones de calidad que exige el contrato suscrito.

Al mismo tiempo, la Contraloría detectó cambios en las especificaciones técnicas de materiales diferentes a los contratados. Esto causó que aumentara el costo, lo cual pone en riesgo la ejecución de todas las obras contratadas.

A su vez, la Contraloría anunció que inició una indagación preliminar por las irregularidades evidenciadas en un contrato por el valor de 53.646 millones de pesos, con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar y ejecutar la rehabilitación, reconstrucción o construcción de viviendas en el marco de la situación de calamidad pública en Mocoa.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República.
Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República, en Mocoa. | Foto: Contraloría

El contrato, como el anterior, fue suscrito entre la UNGRD y el contratista Consorcio Mocoa 2019.

La Contraloría, por medio de una actuación especial de fiscalización intersectorial realizada por las contralorías delegadas sectoriales de vivienda e infraestructura, se estableció que solo se ha ejecutado un 5 % del total de la obra.

De esta forma, se afectan 909 familias, con un retraso injustificado de más de 5 años en la construcción de viviendas de Sauces II, en sus primeras dos etapas.

El valor del presunto daño al patrimonio público podría llegar a los 5.748 millones de pesos. Estos montos corresponden al valor de los subsidios de arriendo adicionales que se han venido otorgando y pagando a los damnificados de la avalancha de 2017. Estas ayudas se dan por el incumplimiento que ha impedido que culmine la obra de viviendas.

En la indagación preliminar, se ordenó citar a Javier Pava Sánchez, director de la UNGRD, y al representante legal del contratista Consorcio Mocoa 2019, al representante legal de la firma interventora y al supervisor del contrato.

Más de 300 personas murieron en Mocoa, capital de Putumayo, en 2017 por el desbordamiento de varios ríos.
Más de 300 personas murieron en Mocoa, capital de Putumayo, en 2017 por el desbordamiento de varios ríos. | Foto: guillermo torres-semana

“Realizando el llamado también a los supervisores e interventores, quienes están siendo directamente vinculados por la Contraloría, para que ejerzan su responsabilidad. Porque en nuestro concepto, tan responsable es quien tiene el hecho de realizar la obra como la persona que debe alertar en su momento por qué sucedió. Si el supervisor o el interventor dentro de sus competencias no lo han manifestado, pues lo único que parecería indicar es que está completamente de acuerdo con esa actitud irregular a todas luces que se ha venido presentando como constante”, señaló el contralor Rodríguez en Mocoa.