La Contraloría General de la República dio a conocer este viernes, 27 de marzo, que se encuentra vigilando el funcionamiento del sistema de control en las cajas de compensación familiar en todo el país luego de evidenciar unas fallas estructurales al momento de aplicar las medidas cautelares por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
“El estudio concluyó que los vacíos normativos y debilidades operativas de la Superintendencia han sido factores determinantes en los diferentes niveles de eficacia y eficiencia de dichas medidas”, precisó la Contraloría.
El análisis adelantado por la Contraloría incluyó la evaluación de 24 medidas cautelares de la Supersubsidio entre 2019 y 2023. Encontraron que más de la mitad de las medidas observadas no alcanzaron los niveles esperados de eficacia y eficiencia: nueve (9) de ellas —que corresponden al 38 %— tuvieron calificación satisfactoria, trece (13) —equivalentes al 54 %—, nivel no satisfactorio y dos (2), un 8 %, casos atípicos que no pudieron calificarse.
“La problemática de las Cajas que dio lugar a las intervenciones de la Supersubsidio tiene que ver con la crisis financiera asociada a programas de salud, debilidades en materia legal, administrativa, financiera y de gobierno corporativo”, precisaron.
Asimismo, la participación de estas entidades en el sistema de salud y con ello las restricciones legales sobre el uso de recursos parafiscales ha derivado en una presión financiera constante que dificulta superar las crisis internas. Esto, a su vez, prolonga las intervenciones sin soluciones definitivas.
“La falta de tipificación de causales, criterios, procedimientos y temporalidad de las medidas cautelares en la norma puede dar lugar a prácticas inequitativas y desbordamiento de la discrecionalidad de la Supersubsidio”, agregaron.
Según la Procuraduría, 13 de las 42 Cajas de Compensación Familiar presentan alguna medida cautelar de la Supersubsidio: dos en vigilancia especial, dos en intervención administrativa parcial y nueve en intervención administrativa total.
Y es que mediante la “Sentencia C-298 del 3 de julio de 2025, la Corte declaró la inconstitucionalidad diferida de varias disposiciones del régimen sancionatorio y cautelar del Sistema del Subsidio Familiar, otorgando plazo al Legislativo hasta el 21 de junio de 2027, para expedir la Ley que contenga el régimen integral de intervención administrativa a cargo de la Supersubsidio”.
La Corte Constitucional ordenó al Congreso expedir, a más tardar el 21 de junio de 2027, el nuevo régimen cautelar y sancionatorio para el Sistema del Subsidio Familiar, con el fin de garantizar mayor transparencia, eficacia y equidad.