La Contraloría General de la República emitió un comunicado en el que confirmó que ordenó la apertura de una indagación preliminar para verificar posibles irregularidades y sobrecostos en contratos celebrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para la capacitación y acreditación de testigos electorales durante las elecciones de 2026.
“La decisión se adopta, teniendo en cuenta la relevancia de los procesos, en cuantía por determinar, relacionados con la ejecución de contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales”, indicó.
Por esto, el órgano de control solicitó la relación de la contratación suscrita por el CNE y la empresa Unión Temporal Actores Electorales 2026. Allí, según indicó, se estipula información de cada contrato como por ejmplo fechas de inicio y terminación, valor del contrato, objeto, estado del contrato, interventor y/o supervisor.
🚨La @CGR_Colombia abrió indagación preliminar por contratos del @CNE_COLOMBIA para la capacitación y acreditación de testigos electorales durante las elecciones de 2026.
— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) August 25, 2026
📌La actuación busca verificar posibles irregularidades y sobrecostos. pic.twitter.com/TpjKPZd8CI
Asimismo, se estipula la relación de pagos realizados para cada contrato, así como los contratos con LinkTic y BexTechnology, empresas que integran la unión temporal en un 95 % y 5 %, respectivamente.
En el comunicado, la entidad aclaró que la apertura de esta actuación no implica una declaratoria de responsabilidad, sino el inicio de las verificaciones correspondientes por parte del organismo de control.
De igual manera, precisó que puede requerir, conocer y examinar todos los datos e información sobre hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en los que se involucren recursos públicos o se afecten bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, sin oponibilidad de reserva legal, exclusivamente para el ejercicio de sus funciones.
Por último, la Contraloría General de la República señaló que una vez concluya la investigación, informará los resultados a la opinión pública y al país.
Hasta el momento, desde el CNE no se ha hecho algún pronunciamiento tras esta decisión de la entidad.