SEMANA conoció que la Procuraduría General de la Nación recibió una denuncia, una queja disciplinaria y una intervención preventiva, presentadas por el coronel de la Policía Nacional Edgar Bernardo Moreno Ossa.
De acuerdo con la documentación, en poder de este medio, el oficial denunció ser víctima de un presunto caso de acoso laboral institucional, desviación de poder, presión administrativa y utilización irregular de mecanismos de evaluación y administración del talento humano, por parte de altos mandos de la institución.
El documento tiene 249 páginas y está acompañado de 18 anexos, a partir de los cuales el oficial solicita que el Ministerio Público investigue las actuaciones de varios oficiales, entre ellos: el jefe nacional del Servicio de Policía, brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón; el director de Talento Humano, brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante; el entonces director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos; el teniente coronel Harol Alfonso Ochoa Vásquez, entre otros funcionarios que eventualmente resulten comprometidos.
Moreno Ossa sostiene que fue objeto de una serie de decisiones administrativas que, según afirma, constituyeron un patrón sistemático de hostigamiento, después de advertir presuntas irregularidades en el funcionamiento de un servicio policial que operaba en la finca El Pencil, ubicada en zona rural del municipio de Gachancipá, Cundinamarca.
“Las actuaciones desplegadas (…) podrían comprometer responsabilidad disciplinaria por la posible transgresión de deberes funcionales y principios rectores de la función pública”.
Al tiempo, señala que habría existido una “utilización irregular de mecanismos de evaluación institucional (…) como instrumentos de presión funcional, afectación reputacional y debilitamiento progresivo de mi estabilidad profesional dentro de la institución”, dice el documento conocido por este medio.
El oficial dijo que, entre los meses de junio y septiembre de 2025, trasladó varios informes oficiales en los que aseguró que la finca donde permanecía personal de Carabineros no reunía condiciones de seguridad ni de habitabilidad.
En dichos documentos alertó sobre la ausencia de cobertura de la red celular, barreras perimetrales, planes de emergencia y otras condiciones que, a su juicio, ponían en riesgo la integridad de los uniformados, y recomendó incluso el traslado del personal al Fuerte de Carabineros de Tabio.
El oficial sostiene que, tras esas advertencias, comenzaron a aparecer anotaciones negativas en sus evaluaciones de desempeño (EVA), reclamaciones que —afirma— fueron rechazadas, además de un traslado a la Dirección de Antinarcóticos, la práctica de una prueba psicofísica de poligrafía y, posteriormente, la imposición de vacaciones que asegura nunca solicitó.
En la queja también afirma que el 20 de marzo de 2026 el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón le manifestó que “pensaba que el suscrito ‘no se le iba a presentar’ y adicionalmente afirmó que ‘se me salvó, pero que eso no quedará así’”, expresión que, según el denunciante, evidenciaría una retaliación en su contra.
El coronel que denunció el caso en la Procuraduría dice que el 15 de mayo de 2026 lo sometieron a una prueba de polígrafo durante varias horas, en la cual le preguntaron por una supuesta recepción de dinero proveniente del narcotráfico, acceso ilegal a información de oficiales y uso indebido de información institucional. El coronel asegura que hasta la fecha no conoce quién ordenó la diligencia ni los fundamentos que la motivaron.
Horas después, señala que recibió la orden de salir inmediatamente a vacaciones durante diez días y posteriormente por otros veinte, pese a que, según sostiene, esas vacaciones no habían sido solicitadas y ya tenía programado otro periodo vacacional para agosto de 2026. Incluso asegura que en los documentos administrativos quedó consignado que las vacaciones habían sido solicitadas por él, situación que rechazó.
En la denuncia disciplinaria, Moreno Ossa afirma que “las anteriores actuaciones configuran un escenario progresivo, sistemático y deliberado de presión institucional, persecución funcional, hostigamiento administrativo y utilización irregular de mecanismos de evaluación, inteligencia y administración del talento humano”.
De igual manera, sostiene que todo ello habría tenido como finalidad afectar su permanencia en la Policía Nacional tras las advertencias realizadas sobre las condiciones del servicio en Gachancipá.
Como parte de sus solicitudes, el coronel pidió a la Procuraduría asumir el conocimiento del caso, abrir una investigación disciplinaria, recaudar la documentación relacionada con sus evaluaciones, traslados, prueba de poligrafía y vacaciones, además de verificar la legalidad y finalidad de esas actuaciones, y adoptar medidas preventivas para evitar eventuales represalias mientras avanzan las verificaciones correspondientes.