SEMANA conoció que el general (r) Edwin Masleider Urrego Pedraza radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de convocatoria a conciliación extrajudicial para ser reintegrado a la Policía Nacional, luego de ser retirado al ser acusado por el presidente Gustavo Petro de haber estado detrás de un supuesto complot en su contra.
En su momento, el Gobierno nacional aseguró tener información de inteligencia que indicaba que Urrego, junto al teniente coronel (r) Oscar Miguel Moreno, habrían conspirado para intentar sabotear su reunión con Donald Trump, incluso refiriéndose a una supuesta implantación de drogas en camionetas.
El documento pide citar al Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Policía Nacional, con el objetivo de conciliar el reintegro previo a una demanda, en caso de que no se le concedan sus pretensiones.
De esta forma, la defensa de Urrego pide que se declare “la nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto 147 del 11 de febrero de 2026 dictado por el Gobierno nacional, por medio de la cual se causó el retiro de la Policía Nacional”.
Igualmente piden reintegrarlo a la institución bajo el mismo grado con el que se le retiró de la misma, con los ascensos meritorios y una indemnización por el tiempo en el que estuvo por fuera de servicio.
El documento argumenta que los actos administrativos que llevaron al retiro de Urrego “se encuentran viciados por expedición irregular, indebida y falsa motivación y desviación de poder, entre otras”.
En el documento mencionan las acusaciones públicas de Armando Benedetti, ministro del Interior, contra Urrego, donde lo acusó de “entrampamiento” y de aliarse con “otras fuerzas políticas para delinquir”.
E incluso se menciona que Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, aseguró que “había que buscarle la caída a Urrego” en medios de comunicación, lo cual explicaría las denuncias en su contra.

Además, mencionó personas “de carne y hueso” detrás de dicha persecución contra el general, que en su momento ejercía como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
De esta forma, el general en retiro estaría iniciando acciones legales para conseguir su reintegro, dado que, pese a que se conoció un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que hablaba sobre el complot, nunca hubo pruebas en su contra, más allá de anónimos.
SEMANA conoció que, de no ser concedida la audiencia o las pretensiones, se interpondrá una demanda para conseguir el reintegro.
