Corte constitucional
Corte Constitucional aceptó solicitud para evaluar uso de la inteligencia artificial (IA) en decisiones judiciales
La solicitud hecha por la Defensoría del Pueblo busca definir límites para el uso de esta tecnología en fallos judiciales.
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La Corte Constitucional aceptó evaluar un caso sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en decisiones judiciales. La solicitud realizada por la Defensoría del Pueblo al alto tribunal tiene como objetivo preservar el interés general y garantizar la protección de los derechos fundamentales en el contexto de la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el campo judicial.
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El llamado surgió como consecuencia de la insistencia de la Defensoría para que sea revisado un fallo de tutela en el cual un juez, amparado por lo estipulado en la Ley 2213 de 2022, la cual busca la incorporación de las TIC en los procesos judiciales, utiliza la IA al recurrir a la aplicación chat.openai.
A través de esta herramienta, el juez podrá formular preguntas relacionadas con el problema jurídico planteado, obteniendo respuestas de ese chat (ChatGPT), un recurso tecnológico que le ayuda a resolver el caso y a redactar la sentencia.
El caso en cuestión involucra a la señora Beatriz Chávez, quien actuó en representación de su hijo, un niño diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) desde su nacimiento. Debido a esta condición, el pequeño requiere de un tratamiento de salud especializado de la EPS Salud Total.
Para recibir las terapias prescritas por su médico tratante, es necesario que el niño se desplace en transporte público. La demandante alegó no contar con los recursos económicos suficientes para los desplazamientos ni para cubrir las cuotas moderadoras y los copagos correspondientes.
Por esta razón, solicitó que se ordene a la EPS exonerarla del pago de las cuotas moderadoras y copagos en los servicios necesarios para su hijo, así como autorizar el suministro y financiamiento de los transportes requeridos para los desplazamientos hacia los lugares donde se llevan a cabo las terapias.
La Defensoría destacó la importancia de este caso, que fue resuelto a favor de la accionante y a lo que no se opone, en la protección de los derechos fundamentales, en especial, el derecho al debido proceso, contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política.
“Desde la Defensoría del Pueblo reconocemos la utilidad de la inteligencia artificial en el ámbito judicial; por esta razón, hemos planteado la necesidad de que sean establecidos definiciones, límites y controles claros para su uso, a fin de garantizar la conformidad con la Constitución y la protección de los derechos de las personas involucradas”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Es así que el organismo considera que es necesario que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el uso de estas herramientas en la toma de decisiones judiciales: “Con el fin de preservar el interés general y asegurar la protección de los derechos fundamentales. Estamos comprometidos en velar por un sistema de justicia equitativo, eficiente y acorde con los avances tecnológicos, siempre trabajando en beneficio de la sociedad”, añadió el defensor Camargo.
En ese sentido, la Defensoría confía en que la Corte Constitucional realizará un análisis detallado sobre el caso, teniendo en cuenta los principios constitucionales y los derechos fundamentales de todas las partes involucradas.
“El objetivo es que sean establecidos precedentes claros y, al tiempo, proporcionadas directrices sobre el uso adecuado de la inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales, por el bien de la administración de justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos”, finalizó el defensor del Pueblo.
De la misma forma, la Defensoría del Pueblo manifestó que esta acción tiene como fin reafirmar su compromiso de seguir velando por la protección de los derechos importantes y seguir trabajando en la protección de los principios constitucionales para que la sociedad en general sea la más beneficiada.