La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la hoja de ruta que deben seguir las autoridades nacionales y territoriales para retomar el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado para la protección del archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.
A comienzos de 2021, el Ministerio Público había enviado una alerta por una posible omisión en el cumplimiento del fallo. El órgano de control convocó para el 24 de agosto a reunión urgente con las autoridades nacionales y territoriales obligadas a cumplir la decisión que hace más de diez años tomó el Consejo de Estado. Finalmente, la audiencia se dio y como resultado surge la creación de esta hoja de ruta clave para la protección ambiental en Colombia.
El documento enviado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Parques Nacionales Naturales de Colombia, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), a la Dirección General Marítima (Dimar) y a la Alcaldía de Cartagena, la delegada para Asuntos Ambientales incluyó y abordó los compromisos adquiridos por las entidades en esa reunión del pasado 24 de agosto y fijó plazos para su cumplimiento.
Sobre este tema, en una audiencia, hace dos semanas, el alcalde William Dau, señaló: “Junto a la Personería y miembros de la comunidad, tenemos la intención de revisar y actualizar los planes de acción para el cumplimiento de esta acción popular fallada hace 11 años y relacionada con el estado de las Islas del Rosario y San Bernardo. Esta administración espera llevar a cabo el cumplimiento de esta acción popular y lo vamos a hacer”.
En la hoja de ruta también se establecieron tareas para otras autoridades que tienen competencia en el archipiélago como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional, el Concejo de Cartagena, la empresa Veolia y los consejos comunitarios Orika y San Bernardo.
“En este sentido, MinAmbiente y Parques Naturales deberán presentar en diciembre de 2021 el Modelo de Desarrollo Sostenible y el Plan de Manejo del Área Protegida, y con apoyo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y de Cardique tendrán que definir la capacidad de carga de las islas”, señala el Ministerio Público.
Y es que la batalla por la protección de este paraíso natural no puede detenerse, según el Ministerio Público.
El representante a la Cámara Jorge Benedetti radicó un oficio a mediados del año pasado, ante la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales en el cual alerta sobre la posible destrucción de los arrecifes de coral del Parque Nacional Corales del Rosario y San Bernardo.
El congresista dijo en ese momento que basaba su llamado de atención en las denuncias que le han hecho los pescadores artesanales y las comunidades aledañas a las islas del Rosario y Bocachica.
Procuraduría presentó hoja de ruta para la protección del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 15, 2021
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Por su parte, el Distrito de Cartagena deberá “adoptar medidas urgentes para que las inspecciones de Policía insulares cuenten con el transporte y recursos adecuados para su funcionamiento; revisar el estado de las 35 denuncias presentadas a la ANT por construcciones ilegales en baldíos y de las 91 solicitudes de restitución de playas y zonas de baja mar radicadas en la Dimar”, ordena la Procuraduría.
Por su parte, la Secretaría del Interior Distrital deberá “avanzar en la suscripción de un convenio con Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) para construcción de subestación de Policía de Islas del Rosario.
La Procuraduría deja claro que vigilará el cumplimiento estricto de lo planteado en la hoja de ruta, en la que además se contemplaron las solicitudes presentadas al ministerio por parte de las comunidades del territorio.