Crisis en la educación: 200 representantes del sector, incluyendo exministros y rectores, elevan alerta al Gobierno

Uno de los proyectos reformistas del Gobierno que ha tenido más problemas en la actual legislatura es el de la reforma a la educación. Este proyecto, que tiene como objetivo reglamentar la educación como un derecho fundamental en Colombia, ha tenido grandes avances, pero también serios conflictos que podrían motivar su caída en el Legislativo.

De hecho, hace algunos días el gremio de educadores Fecode, uno de los que apoyó al actual Gobierno en campaña presidencial, se movilizó en contra del proyecto, al asegurar que este amenazaba a la educación pública como un bien común y un derecho fundamental. Además, aseguraron que tampoco corresponde con los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y Fecode.

“La enmienda presentada no fue consultada con la Federación, por el contrario, se hizo caso omiso a varias proposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas, tal como lo reza el trámite parlamentario: sorpresivamente se incluyeron propuestas regresivas que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación” dijo Fecode.

Hace algunos minutos se conoció una nueva carta que se emitió en medio de la coyuntura. La carta fue firmada por cerca de 200 representantes del sector educativo en Colombia, tras evidenciar una grave situación en la educación superior del país.

La carta abierta al Congreso de la República y a la ministra de Educación, que fue firmada por numerosas personalidades académicas y políticas del país, tras ser convocados por Diálogos de Futuro y Connect (CUEE Bogotá), manifestó una gran preocupación por la situación que se vive en el sector por estos días.

Aseguran que el pasado 5 de junio, la Comisión Primera del Senado alcanzó un acuerdo sobre el proyecto de Ley Estatutaria de Educación, con la participación de diferentes bancadas y del mismo ministerio. Sin embargo, dicho consenso está siendo desconocido actualmente.

“Ratificamos nuestra invitación al Congreso de la República y al Ministerio de Educación a respetar la esencia del acuerdo logrado, para que se consolide un adecuado proyecto de ley que integre las necesidades sociales en materia de educación, siendo incluyente y pertinente para atender la realidad educativa colombiana”, indicaron.

Aseguran que el tema acordado incluía garantías necesarias para el proyecto. Es decir, el respeto a la autonomía universitaria, el reconocimiento de la coexistencia de instituciones oficiales y no oficiales en un sistema mixto equilibrado, como pilar determinante para la ampliación de cobertura, el fortalecimiento permanente de la calidad y pertinencia de la educación, el reconocimiento de la educación terciaria, así como el derecho de las personas a adelantar diferentes trayectorias educativas a lo largo de la vida.

Agregan además que el rompimiento del acuerdo, que se refleja en una nueva ponencia del Gobierno, presenta tres riesgos significativos como:

• El desconocimiento de la autonomía universitaria, mediante la exigencia de modelos de gobernanza que favorecen intromisiones políticas y de gobiernos particulares, y la imposición de la elección directa de directivos como único modelo aceptable.
• La falta de reconocimiento al sistema mixto, conformado por instituciones de educación oficiales y no oficiales, reconocido por la Corte Constitucional y que ha sido determinante en la estructura, funcionamiento y cobertura de la educación superior.
• La invisibilización de la educación terciaria, eje articulador de diferentes vías de cualificación para los ciudadanos, que pueda garantizar la pluralidad y la equidad en el acceso, así como anticipar y responder, ágil y oportunamente, a los enormes retos que enfrentan nuestro país y el planeta.

La viabilidad fiscal de la ley: otro problema que tiene el proyecto

Aseguran que no se puede perder de vista la visibilidad fiscal de la ley, así como el estudio de los recursos necesario para que se pueda implementar correctamente, por lo que podría llevar a que fracase tras la falta de dinero para su implementación.

Desde el laboratorio de economía de la educación de la Universidad Javeriana, se ha estimado que solo la expansión de cobertura estatal para el año 2025, desde la educación inicial hasta la superior, requeriría una inversión adicional de aproximadamente $41 billones de pesos anuales. Este cálculo incluye únicamente cobertura para edades de 0 a 21 años y subestima costos asociados a mejoras de calidad, infraestructura nueva, dotaciones y formaciones adicionales para docentes, entre otros.

¿Quiénes firman la carta?

Entre los firmantes hay líderes del sector público como -Alejandro Gaviria, exministro de Educación Nacional, María Fernanda Campo, exministra de Educación Nacional, Ángela María Orozco, exministra de Transporte de Colombia, José Manuel Restrepo, rector dela Universidad EIA; exministro de Hacienda Pública y de Comercio. Además de rectores de instituciones de educación superior como Brigitte Baptiste, rectora Universidad EAN, Hernando Parra, rector de la Universidad Externado de Colombia y Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, entre otros.