Cuatro exintegrantes de grupos paramilitares fueron condenados por desapariciones forzadas; este será su tiempo en prisión

La violencia en Colombia dejó huella en miles de personas y familias. Asesinatos, desplazamientos y otras violaciones a los derechos humanos se perpetraron en el territorio nacional por décadas. Entre los horrores que hubo, uno de los hechos más dolorosos fue la cantidad de desapariciones forzadas.

Tanto grupos guerrilleros como paramilitares cometieron esta clase de delitos en el país. Por ello, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos pusieron a disposición de jueces de la República el material probatorio necesario para condenar a cuatro exintegrantes de organizaciones ilegales por homicidios y desapariciones forzosas en contra de la población civil en los departamentos de Norte de Santander, Casanare y Guaviare.

Uno de ellos fue alias Panelo, cuyo nombre de pila es Rafael Emilio Martínez Guevara. Fue condenado a 10 años y 4 meses de prisión y deberá pagar 555.56 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tendrá que responder por la desaparición de Yamid Pundor Lobo, la cual se remonta al 20 de diciembre de 2003 en el municipio de Teorama, Norte de Santander.

De acuerdo con lo investigado, el suceso respondió a una conducta sistemática y generalizada de las Autodefensas Unidas de Colombia en esa región del país.

Por otro lado, Héctor José Buitrago Rodríguez, conocido como alias El Patrón, fue sentenciado a 12 años y 8 meses de prisión, así como al pago de 1.866,66 salarios mínimos mensuales legales vigentes por desaparición forzada agravada, tortura agravada y homicidio.

En este caso, la víctima fue identificada como Capitolino Garzón Patiño y su pérdida se produjo el 28 de enero de 2002 en el municipio de Aguazul, Casanare. El hombre era visto como enemigo de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

A su vez, Alirio Antonio López Rodríguez, también llamado como alias Águila Siete, fue imputado con 20 años y 11 meses de prisión más el pago de 1.797 salarios mínimos mensuales legales vigentes por la desaparición de Ángel María Ortega López, quien era considerado como amenaza del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los actos perpetuados el 16 de noviembre de 2003 fueron ordenas directamente por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.

Finalmente, José Covey Romero Zarata, alias Covey, recibió una pena de 25 años y 10 meses de prisión sumada a una multa de 4.667 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se le condenó por homicidio en persona protegida, desaparición forzada, y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. Las víctimas son: Carlos Humberto González Trujillo, Olinta Maestre Mendoza y Andrés María Cruz Murillo.

Lo cometido se dio porque los exintegrantes del Bloque Centauros (Guaviare) de las Autodefensas Unidas de Colombia sostenían que las primeras dos víctimas eran ayudantes de la guerrilla. Mientras tanto, Cruz Murillo falleció en el fuego cruzado en a vereda atacada.

Lo último: presidente Petro firmó la resolución que designa al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz

Con el objetivo de consolidar su política de la ‘paz total’, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó la resolución con la que designó de manera oficial al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, anuncio que en su momento generó una profunda discusión en varios sectores en el país.

Por medio de un documento de tres páginas, establece que Mancuso aportará en el diseño de procesos de desarme colectivos de grupos ilegales que tienen su accionar criminal en varias regiones del terrario nacional.

“Designar como gestor de paz al señor Salvatore Mancuso Gómez para que conforme al sistema jurídico de protección de los Derechos Humanos y vigencia del Derecho Internacional Humanitario, contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales que actúan en todo el territorio nacional, priorizando las zonas donde ejercicio su actividad criminal”, advierte uno de los apartes de la resolución.

También establece la determinación del jefe de Estado: “El Gobierno nacional solicitará a las autoridades competentes la suspensión de las medidas judiciales vigentes en contra del señor Salvatore Mancuso Gómez, según lo dispuesto en el Decreto 1175 de 2016, sin perjuicio de la continuidad de su comparecencia ante las Salas de Justicia y Paz y ante otras instancias judiciales”.