Un paro de transportadores de combustibles es adelantado desde mediados de la semana pasada en Buenaventura, ciudad costera del Pacífico colombiano, situación que tiene afectados a cuatro municipios no interconectados en el departamento del Chocó, los cuales hoy ya están con racionamiento total de energía.
“Nuquí, Bahía Solano, Juradó y Bajo Baudó están a oscuras desde hace varios días, por ende, expuestos a una cantidad de limitaciones, vulneratorias de sus derechos fundamentales, que podría derivar en una crisis humanitaria”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El diésel, también conocido como ACPM, esencial para el funcionamiento de las plantas eléctricas, no puede ser llevado, vía fluvial, a los cuatro pueblos chocoanos desde el puerto de Buenaventura, único punto de distribución, porque los transportadores se vieron en la obligación de parar debido a que están siendo extorsionados, según la información obtenida por la Defensoría del Pueblo, por el grupo armado ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo).
“Para que lo puedan transportar, tienen que pagarles un ‘impuesto’, por litro que lleven, a los integrantes de las Autodefensas Gaitanistas, es una situación lamentable; por eso, hago un llamado urgente a la fuerza pública, para que les dé protección a los transportadores de combustibles en sus recorridos. Necesitan hacer sus viajes sin ningún tipo de presiones ejercidas por los grupos criminales, sin temor alguno”, señaló Carlos Camargo.
Agregó que, de continuar el cese de operaciones fluviales de quienes están dedicados a esa actividad, se podría configurar una situación más compleja en materia de derechos humanos, por cuenta de la ausencia del diésel y la gasolina en los cuatro casos urbanos y sus zonas rurales.
El no poder transportar a los enfermos de los campos a las cabeceras municipales, una parálisis del comercio y el turismo, este último es fundamental para la economía de la región, entre otras situaciones, agravarían el actual panorama, según la Defensoría.
“De llegar a faltar las medicinas, los alimentos, el agua potable, los elementos básicos para el día a día de las comunidades, configuraría en definitiva una crisis de proporciones mayores. Las autoridades competentes deben actuar cuanto antes”, afirmó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
Las elecciones también se verían afectadas
El material electoral y todo lo relacionado con las comunicaciones y la logística no podrían ser transportados a las zonas rurales de las poblaciones afectadas en el previo de los comicios regionales, porque la única vía de acceso es por mar y ríos, y las embarcaciones de pasajeros y carga se quedaron sin gasolina.
“Los jurados y el personal de apoyo asignados para la jornada democrática tampoco podrían ser transportados. La situación es preocupante, además, porque si no hay energía el día del certamen electoral, no podría haber forma de adelantar los escrutinios”, señaló Camargo.
Los centros poblados afectados
Además de la cabecera municipal de Nuquí, sus centros poblados Arusí, Boca de Jagua, Jurubirá, El Morro, Coquí y Joví también están siendo afectados por la falta de ACPM y gasolina; lo mismo sucede en el casco urbano del Bajo Baudó y sus corregimientos Orpúa, Hijúa, Pavasa, Piliza, Guineal, Dotenedó, Cuevita, Bella Vista, Belén de Docampadó, Villa María, Playita, entre otros.
Situación similar ocurre en Bahía Solano y sus corregimientos Mecana, Huina, Nabugá, Playita Pote, Huaca y Cupica; igualmente, en Juradó y sus sitios conocidos como Punta Ardita y Punta Piña.
“Las entidades competentes nacionales y departamentales deben implementar medidas de contingencia que permitan solucionar lo que está pasando en esa zona costera del Pacífico colombiano”, concluyó Carlos Camargo.