Resulta incoherente, casi innecesaria, la judicialización de Vince-Tong Sozio, el canadiense que fue capturado después de atacar a un policía en el aeropuerto El Dorado, mientras intentaba arrebatarle su arma de dotación.
La Fiscalía imputó cargos, pero no solicitó una medida de aseguramiento; al contrario, lo dejó a disposición de Migración Colombia para expulsarlo e impedir que regrese al país. En otras palabras, lo presentan ante la justicia colombiana, pero la sanción, además de un tiquete gratis, es que no pueda comparecer a la justicia, por lo menos no de manera presencial.
La expulsión va acompañada de un impedimento para regresar a Colombia. Sin embargo, las motivaciones de una medida de aseguramiento incluyen la necesidad de garantizar que el procesado cumpla con las citaciones judiciales. Pero en este caso, lo que se garantiza es que el agresor pueda regresar a su país y permanecer en libertad.
La Policía, como representante de víctimas durante la audiencia de imputación de cargos, insistió en la necesidad de una medida de aseguramiento, tras advertir que la Fiscalía no lo hizo. La juez frenó en seco al representante de la Policía. No hubo forma de hacerle entender a la justicia que este caso quedaría en la impunidad.
Lo que advierten expertos penalistas y hasta policías que estuvieron atentos a la diligencia, es que el agresor no tendrá ninguna obligación con la justicia de Colombia. No tiene arraigo, no tiene sitio permanente y ni siquiera la Fiscalía sabe dónde ubicarlo para convocar futuras audiencias. El canadiense quedará en libertad.
La fiscal del caso parecía contundente al exponer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del ataque. De cómo el extranjero era, presuntamente, el responsable de atacar al uniformado. Las pruebas, que incluyeron los videos grabados por ciudadanos y las cámaras de seguridad de El Dorado, se convirtieron en el argumento de la imputación.
Sin embargo, una vez surtida la imputación, el canadiense no aceptó su responsabilidad, se declaró inocente e incluso dijo que el ataque ocurrió porque llevaba varios días sin comer o dormir bien. La Fiscalía se quedó conforme con las audiencias y dejó, para otro momento, la continuación del proceso.
Aunque la misma fiscal aseguró que los delitos imputados y las circunstancias de agravación suponen una pena entre seis y ocho años de prisión, que no sería excarcelable, no solicitó la medida de aseguramiento en contra este ciudadano que, claramente, representa un peligro para la sociedad en Colombia o en otra parte del mundo.
La imputación
Vince-Tong Sozio negó los cargos imputados por la Fiscalía y se declaró inocente, a pesar de quedar en video mientras incurría en el delito que motivó su captura y los señalamientos del ente acusador. La juez le recordó las implicaciones y los derechos que pierde por encontrarse vinculado a la investigación.
La fiscal a cargo de la investigación entregó en detalle cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el ataque contra el uniformado. La forma en que el canadiense se lanzó sobre el policía con el único objetivo de quitarle su arma de dotación.
En el expediente hay elementos probatorios suficientes para demostrar la intención violenta del extranjero con el ánimo de desarmar al uniformado, lo que, en criterio de la Fiscalía, se convierte en una situación de riesgo que, por fortuna, el policía logró evitar mientras soportaba los golpes del ahora imputado.