A mediados de julio se conoció que la Fiscalía ordenó medidas cautelares en contra de unos bienes que estarían a nombre de Carlos Alberto Sánchez, conocido como Charlie Zaa, el cantante de música popular que terminó en un lío judicial que se concreta con la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
Los magistrados tomaron la determinación de decretar la extinción de dominio de los bienes que aparecen en ese expediente, seis propiedades que estarían avaluadas en más de 22.000 millones de pesos y que, aparentemente, estaban a nombre del conocido cantante e incluso de algunos de sus familiares.
En su momento, la Fiscalía explicó en detalle cuáles eran los bienes que serían objeto de medidas cautelares, los mismos que ahora quedaron a disposición del fondo para la reparación de las víctimas de grupos criminales vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia.
“Se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ocuparon y tomaron registro de las propiedades, que en los próximos días serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas”, explicó el ente acusador.
La extinción de dominio incluyó las propiedades, pero de acuerdo con los magistrados de la sala de justicia y paz, se suman los frutos y rendimientos financieros que dejaron algunos como discotecas, hoteles y centros comerciales en Cundinamarca y Tolima.
“La extinción del derecho de dominio sobre los bienes identificados en el acápite “5.13. Extinción de dominio”, de esta providencia, incluidos sus frutos y rendimientos financieros, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva”, señaló el Tribunal de Bogotá en su decisión.
SEMANA conoció detalles de la investigación en la que se advierte que el entonces cabecilla de las AUC Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, recurrió a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles, y así ocultar el origen ilícito y evitar que fueran destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
“En ese sentido, la Fiscalía practicó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, entre otras actividades, que permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y establecer que harían parte del entramado ilegal identificado”, señaló la Fiscalía.
El mismo Tribunal advierte que, en contra de la decisión que se tomó, el cantante aún tiene el recurso de apelación ante la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia en el propósito de mostrar que las propiedades fueron adquiridas legalmente.