Solo tres días después de las elecciones al Congreso de la República, en las que Wadith Manzur dio el salto de la Cámara de Representantes al Senado de la República, con más de 134.000 votos, la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por su presunta participación en escándalo de corrupción por el saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Sin embargo, ahora, el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP) requirió, a través del Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia, al propio Congreso y al Consejo de Estado, para que rindan información sobre las razones por las cuales no se ha permitido la posesión del senador electo Manzur.
Con la decisión de la Corte Suprema de enviarlo a la cárcel, a Manzur le fue imposible posesionarse como Senador por encontrarse detendido. Sin embargo, su defensa ha advertido que en Colombia la presunción de inocencia es un pilar de la justicia y Manzur no ha sido vencido en juicio, por tanto no se le pueden negar sus derechos políticos.
Por ese motivo, su abogado para asuntos internacionales, Víctor Mosquera, presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP), el pasado 23 de agosto.
Señala el abogado Mosquera que denunciaron “que el senador electo fue privado preventivamente de la libertad tres días después de su elección y que, estando bajo custodia del Estado, le fueron negadas todas las alternativas propuestas para prestar juramento y posesionarse como Senador de la República”.
Mosquera explicó que otra consecuencia es que “hoy enfrenta una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado que podría despojarlo de su mandato y de sus derechos políticos, y privar a sus electores de la representación que eligieron en las urnas”.
Ahora, serán las diferentes entidades en Colombia las que deben dar la explicación de por qué a Manzur, aunque está siendo investigado, como ocurre con otros congresistas, no le fue entregada su credencial de Senador, cuando no hay una condena vigente en la actualidad.
Por eso, el abogado Mosquera ratifica que seguirá ejerciendo ante autoridades nacionales e internacionales en la búsqueda que se respeten los más de 134.000 votos y los derechos de Manzur.