El abogado Jaime Granados Peña, quien representa al expresidente Álvaro Uribe Vélez, le envió una petición a la Corte Suprema de Justicia en la que pidió que se deje en firme el fallo que anuló la medida de detención domiciliaria que existía en contra del exmandatario.
En la petición “como no recurrente”, el abogado penalista aseveró que no existen motivos para revocar el fallo emitido el pasado 19 de agosto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó la libertad inmediata del expresidente Uribe.
En uno de los apartes de la petición se manifiesta que es necesario rechazar las pretensiones de la impugnación radicada por las víctimas reconocidas en este proceso, entre ellas, el senador Iván Cepeda y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
“No muestran los impugnantes por qué razón en el caso concreto la apelación, en el caso concreto, sí sería un mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la libertad del procesado; es decir, no dan ninguna razón concreta que hubiera debido considerar el Tribunal de Bogotá para apartarse, en este caso, del criterio de procedencia fijado por la Corte Constitucional”, indica el documento.
En otro de los apartados, el abogado Jaime Granados cuestionó los argumentos presentados por las víctimas, aseverando que están desconociendo por completo la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
“Los impugnantes pretenden cuestionar el fallo impugnado bajo la premisa de que abordó la cuestión de la procedencia de la acción de tutela desde un análisis abstracto y no concreto, particularmente, en lo que tiene que ver con la idoneidad y eficacia de la apelación como recurso procesal para salvaguardar los derechos objeto de debate”, precisó.
En la decisión, la Sala Penal consideró que no existían argumentos o bases jurídicas para sustentar una detención domiciliaria del expresidente, cuestionando fuertemente los argumentos de la jueza 44 de conocimiento de Bogotá.
“Es ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social”, señaló el magistrado Leonel Rogeles Moreno.
En el fallo de tutela se señaló que no se advirtieron los mencionados riesgos de fuga para evadir la condena de doce años que se le impuso al expresidente en el fallo de primera instancia.
“Por lo que no existen indicios objetivos de evasión y en un Estado de derecho, las medidas de aseguramiento no pueden sustentarse en supuestos riesgos futuros, meramente hipotéticos o en conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado, sino en circunstancias imparciales, actuales y verificables que hagan indispensable su imposición para proteger el proceso y/o las víctimas, respecto de las cuales, al motivar la media, no se realizó algún pronunciamiento específico", añade este apartado.
Igualmente, se advierte que la jueza de conocimiento no tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales, disciplinarios o fiscales del expresidente Uribe; además de su situación de arraigo y el hecho que siempre reportó un solo domicilio en el que convive con su esposa.
En los próximos días se conocerá la decisión de la Corte Suprema de Justicia frente al recurso de impugnación presentado.