Se embolató la tutela que estaba por obligar a los candidatos a asistir a debates presidenciales

Los debates no son solo un escenario de rating para los medios de comunicación, sino una de las formas más básicas de informar a los electores sobre lo que proponen ciertos candidatos que, en este caso, aspiran a la presidencia de la República.

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Ese justamente fue el argumento principal de una tutela que se radicó en el Tribunal Superior de Bogotá para insistir, a través de la justicia y el derecho, en que los debates hacen parte de un espacio de democracia y que los candidatos están en la obligación de exponer sus ideas, proyectos y propuestas a los ciudadanos.

Sin embargo, la tutela, aunque fue admitida para estudio, terminó dando vueltas en el Tribunal mientras los magistrados sueltan el expediente como una ‘papa caliente’, dilatando así la posibilidad que tienen los colombianos de presenciar un debate en una candidatura a la Presidencia.

“Acudo ante su despacho con el fin de instaurar acción de tutela para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política; al derecho fundamental al sufragio y a elegir libremente; al derecho a recibir información veraz e imparcial previsto en el artículo 20 superior”, señala la tutela.

El abogado Alberto González Mebarak se encargó de liderar esta iniciativa, la cual cumplió con todo lo que exige la ley, como notificar a las partes de la posibilidad de asistir a un debate presidencial. Los candidatos respondieron y así el camino quedó despejado para el debate presidencial.

“En la medida en que dichos espacios constituyen escenarios determinantes para la formación libre e informada de la voluntad política del electorado, la garantía del pluralismo democrático, la igualdad material entre candidaturas y el acceso de la ciudadanía a información objetiva, suficiente e imparcial sobre las propuestas, posturas y programas de gobierno de quienes aspiran a la Presidencia de la República, situación que configura un elemento esencial de cualquier Estado democrático”, explicó el abogado González.

El problema es que la justicia, en este caso particular, se encargó de dilatar lo que parecía tan obvio: convocar a los candidatos a un debate y obligarlos a revelarle al país cuáles son sus propuestas, defenderlas y controvertir a quienes tienen una idea diferente de gobierno.

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“Sus pretensiones y análisis son diferentes; y ello es así por las dinámicas propias de la contienda electoral, que ciertamente van cambiando, razón por la cual la nueva acción corresponde a un nuevo escenario político, rodeado de nuevas circunstancias, declaraciones y hechos que de manera alguna pueden ni deben encasillarse en los supuestos fácticos ni pedimentos de la acción decidida previamente por esta magistratura”, señala el Tribunal de Bogotá.

Resulta particular y además antidemocrático el escenario en estas elecciones presidenciales: unos candidatos que no quieren asistir a los debates, exponer sus ideas a los electores y enfrentarse al escrutinio de sus contradictores; pero además, que la justicia, en lugar de promover los espacios de discusión, extienda un silencio histórico.