En los últimos días se conoció una decisión de la justicia que provocó indignación, la libertad, por vencimiento de términos, de los guardianes vinculados y acusados a la llamada “noche del terror” en La Modelo, el trágico evento que resultó luego de un motín en el principal centro penitenciaria de Bogotá y donde 21 internos resultaron muertas.
Julián Alberto Piñeros y Víctor Alfonso Cervera, los dragoneantes que resultaron beneficiados con el vencimiento de términos, se encontraban privados de la libertad hace más de un año y, de acuerdo con un juez de control de garantías, la justicia no logró arrancar el juicio en su contra, por eso, lo dejaron en libertad.
La decisión cayó como un baldado de agua fría a las partes en este proceso, menos para la defensa que fue la encargada de hacer la solicitud de libertad por vencimiento de términos. La Fiscalía aseguró que se actuó con “con rigor, celeridad y dentro de los términos de ley”. Por su parte la fundación Cárceles al Desnudo, advirtió que este evento demuestra la inoperancia de la justicia en Colombia.
“Lo que evidencia la inoperancia de la justicia colombiana, la inoperancia del aparato judicial y el desinterés de los órganos de control y algunas entidades en garantizar sanciones ejemplares a las personas que torturaron y masacraron a estos reclusos que murieron en extrañas circunstancias por exigir sus derechos”, dijo Esmeralda Echeverry, representante de la fundación.
Aseguró Echeverry que la decisión, si bien los privados de la libertad pueden acudir a las instancias legales, resulta contraria a los derechos de las víctimas, pues los internos que murieron en ese motín están exigiendo la restauración de unas garantías que fueron eliminadas en ese centro de reclusión.
“Básicamente con una protesta que adelantan los internos exigiendo al Gobierno Nacional garantías frente a la llegada del Covid-19. Hacemos un llamado de urgencia para que estos funcionarios que se vieron implicados en hechos de tortura sean sancionados. Las personas que murieron estaban privadas de la libertad, pero tenían derechos”, dijo Echeverry.
La Fiscalía también advirtió la gravedad del tema, de la libertad por vencimiento de términos. Aseguró que en el marco de la ley y en los tiempos que exige la misma, se cumplió con las responsabilidades del ente acusador. El problema radicó, según la Fiscalía, en las apelaciones que interpuso la defensa y esos recursos frenaron el avance normal del proceso.
“En las audiencias preparatorias de juicio realizadas ante el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá, la defensa apeló un auto que decretó pruebas. Ese recurso está en el Tribunal Superior de Bogotá desde el 8 de julio de 2022, a la espera de que sea resuelto”, señaló la Fiscalía al advertir que no fue por culpa del ente acusador la libertad por vencimiento de términos.
En febrero de 2022 la Fiscalía presentó el escrito de acusación en contra de los funcionarios del Inpec que ahora resultaron beneficiados con el vencimiento de términos. En ese momento, aseguró el ente acusador, contaban con todo el material probatorio para obtener una condena en contra de los guardianes. Con la reciente decisión el proceso continúa, sin embargo, se podrán defender en libertad.