La directora del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), Carolina Restrepo Cañavera, se pronunció sobre la controversia por la contratación de un nuevo operador para los programas de atención a la primera infancia en Pereira, Risaralda.
La funcionaria aseguró que sí existe disposición para vincular laboralmente a las madres comunitarias y cuestionó que, presuntamente, desde el sindicato se les esté recomendando rechazar esas oportunidades.
A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, Restrepo manifestó que los operadores seleccionados por el Instituto han expresado su intención de contratar a las trabajadoras. Por ello, señaló que es importante que conozcan directamente las condiciones de vinculación y tengan información clara sobre sus derechos laborales.
La directora también invitó a la dirigencia sindical a explicar públicamente los reportes según los cuales se estaría pidiendo a las madres comunitarias no aceptar las ofertas.
En el mismo comunicado, Carolina Restrepo habló acerca de reportes sobre presuntas solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones.
La directora señaló que el Instituto está verificando quién estaría realizando estos requerimientos, con qué propósito y bajo qué condiciones. “Invitamos a las familias a reportar estos hechos directamente al ICBF para que puedan esclarecerse y se adopten las medidas que correspondan”, invitó Restrepo.
Polémica ante la organización
La controversia de las madres de Pereira llegó luego de que sus representantes cuestionaran la decisión del ICBF de contratar a un operador proveniente del departamento del Cesar para administrar servicios en Risaralda.
Yadhira Becerra, presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias de Risaralda, le expresó a Caracol Radio que la decisión habría ignorado la trayectoria de las organizaciones locales y los años que tienen de experiencia en la atención de la primera infancia.
Según la dirigente del sindicato, serían alrededor de 115 las madres comunitarias junto a sus equipos de trabajo que estarían afectados por la situación, algo que también podría comprometer la atención de aproximadamente 1.150 niños y niñas en Pereira.
Frente a a lo que ha pasado, el ICBF ha insistido en que la selección de los operadores corresponde a las instancias competentes de la entidad y se rige por los procedimientos establecidos en su manual de contratación.
También llegó a aclarar que las madres comunitarias y los sindicatos tienen derecho a participar y expresar sus inquietudes, pero no pueden escoger a las organizaciones contratistas ni vetar las decisiones institucionales.