Por considerar que va en contra de la Constitución y de los principios que le exigen al Estado proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos, fue radicada una demanda contra la Resolución 0282, firmada el pasado 4 de julio por la fiscal general Luz Adriana Camargo, por medio de la cual se suspendieron las órdenes de captura en contra de los comandantes de las disidencias de las Farc.
En la acción judicial, conocida en su totalidad por SEMANA, se advierte que con esta resolución la jefa del ente investigador incurrió en una extralimitación de sus funciones, vulnerando los derechos al debido proceso, legalidad y la vida, presentándose una desviación del poder.
“La suspensión de las órdenes de captura contra líderes de disidencias armadas implica un riesgo significativo para la seguridad nacional, ya que estos individuos están vinculados a actividades criminales y subversivas que amenazan la estabilidad del Estado y la paz social”, argumenta el demandante.
En este sentido, se señaló la extrema gravedad que representa el no capturar a los cabecillas de las Farc conocidos como Yeison Alexis Ojeda Gilón, Wenser Yosony Duque, Juan Antonio Agudelo Salazar, Cándido Zambony Castillo, Henry Leonardo Carrillo Rivera y Erlinson Echavarría Escobar, quienes tienen varios procesos por una infinidad de acciones delictivas en contra de la población civil, firmantes del Acuerdo de Paz y agentes de la Fuerza Pública.
“Esta decisión genera graves preocupaciones desde el punto de vista de la legalidad y la constitucionalidad, especialmente en relación con la seguridad nacional y la protección a las víctimas del Acuerdo de Paz”, señala la demanda al advertir que los fines de la resolución son totalmente contrarios a la ley y a la carta política.
El demandante recordó que en esa oportunidad, la fiscal general justificó la suspensión de las órdenes de captura “bajo el argumento que era una medida necesaria para fomentar un ambiente de diálogo con negociación” con estos grupos armados ilegales con los que el Gobierno ya había manifestado su intención de firmar un proceso.
“Esta decisión —alega la demanda— se tomó sin un proceso transparente, ni una consulta previa o con otras autoridades del Estado como el presidente de la República o el Congreso, que tienen competencias en la dirección de la política de paz y seguridad nacional”.
El pasado jueves, la Fiscalía General levantó las órdenes de captura en contra de tres comandantes de la banda criminal del Clan del Golfo y un jefe de las disidencias del llamado Estado Mayor de las Farc. Lo anterior, atendiendo una petición de la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
La decisión cobija a Orozman Orlando Ostén Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elki Posada Casarrubia, alias Joaquín, y Luis Armando Pérez. Así como a Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrez, quien comanda las disidencias de las Farc.
Alias Arley es señalado de participar en un plan para atentar en el año 2021 en contra de la vida del entonces presidente de la República, Iván Duque, cuando iba a viajar a Cúcuta, Norte de Santander.