Por ordenar y auspiciar las detenciones, torturas y desapariciones forzadas de cientos de manifestantes que reclaman por los resultados electorales, el abogado Germán Calderón España presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investigue a Nicolás Maduro.
En la acción judicial, de siete páginas, se citan diversos registros de prensa y publicaciones en redes sociales que señalan que en medio de las protestas que se han registrado en las principales ciudades de Venezuela para que se investigue el fraude electoral, las fuerzas del orden de Venezuela han retenido a representantes de la oposición y manifestantes.
“Por evidencias que se aprecian en redes sociales y en los medios de comunicación, presuntamente, se están perpetrando actos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, político opositor al régimen que regenta el poder actualmente en Venezuela”, señala la denuncia.
En este sentido se reseñan los casos de varios detenidos en medio de las manifestaciones, así como las capturas de dirigentes de grupos opositores. “Las redes sociales también han informado de la comisión de ‘presuntas’ desapariciones, y ‘probablemente’ ejecuciones extrajudiciales de agentes del Estado y de los colectivos encapuchados que ejercen la fuerza al margen de la institucionalidad y de la Ley”.
Debido a toda la evidencia que existe en contra de Maduro por orquestar estas acciones, en la denuncia se le pide al organismo internacional aplicar todas las medidas para investigar al presidente de Venezuela, quien tiene un expediente activo desde 2021.
“Se perpetran ‘presuntamente’, homicidios, lesiones graves a la integridad física y mental de los miembros de ese grupo opositor y de sus familias, encarcelaciones y privaciones graves de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, torturas, desapariciones forzadas, etc.”, agrega el documento.
Calderón España manifiesta claramente que la Corte Penal Internacional cuenta con toda las competencias para investigar a Nicolás Maduro por estas acciones contra la población civil y los grupos políticos de oposición.
Para el denunciante, con las órdenes que se han visto en el trascurso de esta semana, el presidente de Venezuela lo único que busca es destruir a aquellos grupos que le hacen oposición y que convocan las protestas en su contra.
Por estos graves hechos, que atentan contra los derechos fundamentales, el abogado manifiesta la necesidad que se ratifiquen los tratados internacionales para frenar estos “graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”.
Finalmente, se pone de presente que la situación en Venezuela merece una mirada especial, puesto que después de las elecciones del pasado 28 de julio el régimen venezolano tomó acciones que afectan la diplomacia y los tratados internacionales.
Esto, como represalia por los países que reconocieron el triunfo de Edmundo González como Presidente. “Se constata el rompimiento de relaciones internacionales con varios Estados, la expulsión de sus diplomáticos, la persecución permanente y sistemática a la sociedad civil, a la población inerme y a los actores opositores principales de las elecciones como maría Corina Machado y Edmundo González. Pero lo más grave es el balance de las personas muertas durante las protestas”.
Este fin de semana se registraron multitudinarias protestas en Venezuela, varios países de América Latina y Europa en los que se reclama por el fraude electoral que le dio el triunfo a Nicolás Maduro.