Claudia López, contra las cuerdas: denuncias de clientelismo en su Alcaldía

La alcaldesa Claudia López no está en Bogotá, pero mientras permanece fuera del país, la discusión del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial avanza en medio de divisiones en su partido, la Alianza Verde. El tema es tan grave que el concejal Martín Rivera, de dicha colectividad, denunció que a comienzos de 2020 le ofrecieron puestos a cambio de sus votos.

Internamente los 12 concejales de la Alianza Verde en Bogotá tienen diferencias. La mayoría respalda a la alcaldesa, pero una minoría ha tomado distancia y en algunas iniciativas la apoya, pero en otras le hace oposición.

Sin embargo, nunca, al menos en los casi dos años de cabildo, la Alianza Verde había impuesto la ley de bancadas, es decir, que todos votaran de la misma forma imponiéndose la decisión de los mayoritarios. Menos para decidir la suerte de uno de los proyectos más espinosos del Distrito: el POT, una iniciativa que, como casi siempre ocurre, está llena de suspicacias e intereses.

Este martes ocurrió algo inusual: la Alianza Verde decidió convocar a la bancada y, por primera vez en la historia, impuso, a través de una votación, la decisión positiva frente al Plan de Ordenamiento Territorial.

Como tenían claro que las mayorías estaban de frente respaldando a la alcaldesa Claudia López lo mejor era amarrar a las minorías y someterlas a votar positivo.

Lucía Bastidas –cercana al exalcalde Enrique Peñalosa– no participó de la bancada, María Clara Name –hija del senador Iván Name–, no llegó al encuentro, pero manifestó su rechazo por la forma como actuaron las mayorías, mientras los concejales Martín Rivera –de la cuerda de Sergio Fajardo– y Diego Cancino –cercano a Ángela María Robledo– se retiraron antes de la votación cuando previeron que los iban a obligar a votar positivamente el POT en las próximas semanas. Luis Carlos Leal también forma parte de los concejales, según ellos, silenciados. Votar en bancada no es delito, pero sí deja un sinsabor y más en este caso cuando los concejales Lucía Bastidas, Martín Rivera y Diego Cancino se convirtieron en voces importantes que durante las últimas semanas abanderaron un estudio juicioso del POT de Claudia López. Por eso, lo que buscaban era votar cada uno como quisiera, aprobando lo que consideraban positivo y rechazando lo que estimaban crítico.

El veto a los cuatro concejales despertó la solidaridad de sus compañeros en el Concejo de Bogotá. El exvicepresidente de la Corporación Carlos Fernando Galán, caracterizado por sus pronunciamientos ponderados, dijo que los cuatro concejales “tienen que guardar en el cajón su estudio de POT. Este POT carece de legitimidad por la falta de participación ciudadana. ¿Ahora callan a quienes representan a miles? Así no”, dijo. Además, las voces nacionales no se hicieron esperar. La congresista Ángela María Robledo, quien hizo parte de la Alianza Verde, recordó que se opuso al proyecto de Gilma Jiménez de cadena perpetua. “Quisieron obligarme a votar. Di una dura pelea con argumentos y logramos hundir proyecto. Nunca me amenazaron con sacarme como hoy hacen con Diego Cancino. Pierde la democracia deliberativa”, afirmó.

El problema es que el Plan de Ordenamiento Territorial no es un proyecto cualquiera que se apruebe cada cuatro años, es una iniciativa macro que traza la ruta de la capital del país durante los próximos diez o más años. Por eso, la importancia de escuchar a varias voces, de obtener una votación mayoritaria y atender los pros y los contras de la dirigencia.

En ese orden de ideas, ¿por qué los siete concejales del Partido Verde decidieron votar en bancada uno de los proyectos más importantes para Bogotá y someter a las minorías a votar favorablemente la iniciativa? ¿Tiene intereses el Distrito? La respuesta es incierta porque ninguno ha salido a explicar las razones de la decisión. Este martes, después de que los dirigentes silenciados aparecieron con girasoles en el cabildo y expresaron su rechazo a lo ocurrido, los siete mayoritarios del Verde extrañamente no estaban en el recinto.

Los concejales que impusieron la ley de bancadas son Andrea Padilla, María Fernanda Rojas, Edward Arias, Julián Rodríguez, Julián Espinosa, Andrés Onzaga y Diego Laserna. “Definitivamente, cuando la mermelada no alcanza, se impone la mordaza”, denunció el concejal Martín Rivera dejando entrever que los mayoritarios de la Alianza Verde hacen parte de la burocracia de la alcaldesa Claudia López.

Precisamente, Martín Rivera protagonizó un encontrón con el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, a quien le dijo en su cara este martes: “Usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa”.

Rivera aclaró posteriormente que el supuesto ofrecimiento ocurrió a principios de 2020. Luego dijo que no fue a cambio de votos para ningún proyecto. ¿Por qué le ofrecieron puestos? Esta denuncia de clientelismo ha encendido las alarmas en Bogotá.

“Su acusación es temeraria e irresponsable. Ni usted me ha pedido un puesto ni yo le he ofrecido jamás ningún puesto a cambio de su voto... Así no es, Martín; en política no todo vale”, respondió Gómez. El enfrentamiento verbal quedó registrado en imágenes.

La estrategia política que, según las minorías del Verde, impuso el gobierno de Claudia López desde el Palacio del Liévano para obtener mayorías en su partido, no le salió bien. Aunque tiene los votos asegurados para la aprobación de su POT, los cuatro concejales tienen voz en el Concejo y han logrado despertar la solidaridad del cabildo, incluso de partidos políticos como Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal, el Polo, entre otros, y seguramente aprovecharán el escenario para empañar el avance del proyecto.

¿Qué pasará en adelante? Los cuatro concejales tienen claro que no los callarán y que sus estudios y objeciones del POT seguirán siendo divulgadas a través de la prensa y las redes sociales. El concejal Diego Cancino anunció que así la Alianza Verde haya decidido votar favorablemente el POT en el Concejo, él objetará conciencia, es decir, no votará y enviará un contundente mensaje en contra del gobierno de Claudia López. Por la misma línea están Martín Rivera, Lucía Bastidas y Luis Carlos Leal.

Aunque el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez justificó legalmente la Ley de Bancadas en la Alianza Verde y dijo “que en ningún momento cercena la posibilidad de que todos los integrantes de la bancada expresen libremente sus posiciones”, el tema trascendió y dejó al descubierto que la Alianza Verde está dividida por todos lados, desde las directivas que no se ponen de acuerdo si terminan en las toldas de Gustavo Petro o la Coalición de la Esperanza y en un Concejo de Bogotá donde en adelante Claudia López graduó de contradictores acérrimos a otros cuatro concejales de su propia casa política.

Además, por si fuera poco, la denuncia de clientelismo de un concejal del propio partido de la alcaldesa pone a Claudia López contra las cuerdas.