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La Fiscalía desarticuló una organización criminal que se apoderaba de fincas en Cundinamarca. Operativo CTI.
La Fiscalía desarticuló una organización criminal que se apoderaba de fincas en Cundinamarca. Operativo CTI. | Foto: Fiscalía

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¿Desplazamiento forzado en Cundinamarca? La Fiscalía desarticuló una organización criminal que se apoderaba de fincas

Desde extorsiones, hurtos, hasta desplazamientos. Delincuentes tenían arrinconados a los ciudadanos en dos municipios aledaños a Bogotá.

Redacción Semana
9 de noviembre de 2023

Lo que parecía impensable se convirtió en una tragedia para decenas de familias en el departamento de Cundinamarca. Las organizaciones criminales se lanzaron sin pena, ni disimulo, a atacar a comerciantes y propietarios de inmuebles cerca a Bogotá. Los Palmeros se dedicaron a extorsionar y general desplazamiento en dos municipios de Cundinamarca.

Una investigación de la Fiscalía logró identificar la dinámica criminal que dejó decenas de víctimas en Fusagasugá y Silvania, Cundinamarca. Los delincuentes hacían exigencias de dinero a los propietarios, bajo amenaza les pedían hasta 1.000 millones de pesos que, de no entregar, abría paso a los actos criminales más perturbadores.

Fiscalía denuncia desplazamiento forzado en Cundinamarca. Hay capturas | Semana Noticias

Los dueños de fincas eran obligados, bajo la intimidación de las armas, a dejar sus viviendas. Abandonar los territorios y entregar sus propiedades a los delincuentes. Fue de esta manera que la Fiscalía recibió varias denuncias que se convirtieron en investigaciones formales, con los resultados que se presentan al país.

“Información en poder de la Fiscalía evidencia que los procesados se harían pasar como miembros de grupos armados, para de esa manera apoderarse de fincas e inmuebles. Según se logró determinar, tras estas acciones los procesados enviaban mensajes amenazantes a las víctimas a quienes les exigirían sumas de hasta 1.000 millones de pesos so pena de despojarlos de los predios”, señaló la Fiscalía.

Fueron varias las víctimas desplazadas por los delincuentes, amenazadas para evitar la denuncia. Por fortuna, quienes se atrevieron a poner en conocimiento de la Fiscalía los graves hechos, ayudaron a fortalecer una investigación que después de algunos meses dejó como resultado la captura de los cabecillas de la organización.

La Fiscalía desarticuló una organización criminal que se apoderaba de fincas en Cundinamarca. Operativo CTI.
La Fiscalía desarticuló una organización criminal que se apoderaba de fincas en Cundinamarca. Operativo CTI. | Foto: Fiscalía

“El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Cundinamarca y los grupos GAULA de la Policía y el Ejército Nacional permitió capturar a cinco presuntos integrantes de la estructura criminal Los Palmares, presuntamente implicados en amenazas, extorsiones y desplazamientos forzados en Fusagasugá y Silvania (Cundinamarca), advirtió el ente acusador.

Los capturados fueron identificados como Vitelio Sotelo González, Silvano Varela Reyes, Fabio Bustos Santafé, Iván Arturo Mogollón y Carlos Rafael Reyes. A todos la Fiscalía les imputó cargos por los delitos como concierto para delinquir agravado; extorsión agravada en grado de tentativa; amenazas; desplazamiento forzado; invasión de tierras o edificios; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“En desarrollo de diligencias de registro y allanamiento adelantas por las autoridades, fueron incautados seis celulares y documentos que contendrían información relevante para la investigación. Además, fueron recuperadas cuatro fincas que habrían sido ocupadas de manera ilegal por los integrantes de Los Palmares”, dijo Carlos Manuel Silva Vargas, Director Seccional Cundinamarca.

La Fiscalía desarticuló una organización criminal que se apoderaba de fincas en Cundinamarca. Operativo CTI.
La Fiscalía desarticuló una organización criminal que se apoderaba de fincas en Cundinamarca. Operativo CTI. | Foto: Fiscalía

Los Palmeros fueron presentados ante jueces de control de garantías y allí se solicitó, que dada la gravedad de los hechos y por el temor de las víctimas, era necesario mantenerlos privados de la libertad en un centro de reclusión. Una petición que el juez apoyó.