Disidencias, ELN y Clan del Golfo amenazan a miles de habitantes en Casanare; Defensoría emite Alerta Temprana. ¿Qué está pasando?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, alrededor de 148.000 habitantes de la ciudad de Yopal y del municipio de Aguazul, ubicados en el departamento de Casanare, se encuentran en un alto riesgo de vulneración de sus derechos debido a la pretensión de tres grupos armados ilegales: las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, quienes buscan retomar y consolidar el control en esa región del oriente del país.

La gravedad de la situación fue revelada tras la emisión de la Alerta Temprana 023-2023, por parte de la Defensoría del Pueblo, la cual detalla los factores de amenaza que representan estos grupos armados para la población civil.

“La Alerta Temprana muestra que existe una reactivación y consolidación de estructuras insurgentes y de los reductos de los grupos sucesores del paramilitarismo. También evidenciamos que tienen la pretensión de retomar las áreas donde ejercieron control territorial”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Alerta Temprana, entregada al Ministerio del Interior, destaca los riesgos asociados a las disidencias de las Farc, específicamente los frentes 10 y 28, quienes llevan a cabo “acciones armadas, publicitarias y mediáticas, presiona a las comunidades y recaba finanzas para su reconfiguración y posicionamiento regional”.

Por su parte, la guerrilla del ELN no solo somete a presiones a la población, sino también a los liderazgos sociales, además de reclutar a niñas, niños y adolescentes. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, este grupo armado ha llevado a cabo acciones criminales contra las fuerzas de seguridad del Estado y sus instalaciones en los centros urbanos de Aguazul y Yopal.

Otra fuente de amenaza para ambas poblaciones es representada por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Según la entidad, sus miembros buscan consolidarse en la región para fortalecer las actividades ilícitas de microtráfico hacia el centro del país y expandirse a través de corredores de narcotráfico hacia Venezuela, Brasil, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

“Entregamos 32 recomendaciones para que el Gobierno y las autoridades locales atiendan los riesgos evidenciados en la Alerta. Urge la puesta en marcha tanto de acciones preventivas como de carácter humanitario para evitar la presencia y consolidación de estos grupos armados ilegales, que quieren someter a la población”, indicó el defensor Camargo.

Defensoría emite alerta por expansión del Clan del Golfo

La Defensoría del Pueblo también emitió la Alerta Temprana 021 de 2023, debido al inminente riesgo que enfrentan las comunidades de Santa Cruz de Mompox, Hatillo de Loba, Margarita y San Fernando, en el centro del departamento de Bolívar, por la presencia y acciones expansivas del Clan del Golfo.

De acuerdo con el defensor del Pueblo, se han identificado presiones y restricciones impuestas por el Clan del Golfo contra la comunidad, incluyendo la imposición de “normas de conducta” y amenazas contra líderes sociales y comunitarios. Además, se han registrado homicidios selectivos en estos cuatro municipios.

El Clan del Golfo, según el defensor Camargo, realiza patrullajes en las zonas rurales y corregimientos de estos municipios, limitando el derecho a la libre movilidad de los habitantes. También imponen horarios de cierre para el comercio, entre las 6:00 p. m. y las 7:00 p. m.

La expansión territorial y el control social ejercido por los miembros del Clan del Golfo incluye la oferta de salarios de 1.500.000 de pesos a jóvenes para reclutarlos en sus filas. Además, las mujeres adolescentes y jóvenes se encuentran en riesgo de ser utilizadas con fines sexuales.

La Alerta Temprana también destaca la extorsión a comerciantes de la zona, quienes son obligados a pagar “impuestos” ilegales. Asimismo, se han reportado exigencias económicas a docentes, servidores públicos y contratistas encargados de obras de infraestructura, lo que en algunos casos ha llevado a la suspensión de dichas obras.

Ante esta situación, el defensor del Pueblo ha instado a tomar medidas urgentes para prevenir y proteger de manera integral a las comunidades afectadas. Asimismo, hizo un llamado a brindar atención humanitaria que garantice los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

“Se deben adoptar medidas urgentes que prevengan y protejan de manera integral a las comunidades; además, se debe adelantar la atención humanitaria en favor de las comunidades, garantizando los derechos humanos y el respeto a lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario”, fue el llamado del defensor Camargo.