El Ejército anunció que tras una operación de control territorial sobre la vereda Caño Giriza, del municipio de Miraflores, Guaviare, y por la presión ejercida por tropas de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, orgánica de la Cuarta División del Ejército Nacional, lograron la presentación voluntaria de tres personas y la recuperación de un menor de edad, quien había sido reclutado forzosamente.
De acuerdo con los uniformados, los desmovilizados serían parte de la Estructura Primera y tenían en su poder talonarios con los que estarían realizando el cobro de extorsiones a comerciantes y moradores de la región.
El Ejército indicó que dentro de estas personas se encontraba una mujer que sería la líder de la comisión de finanzas de este reducto ilegal, y quien se encargaría de las comunicaciones, además de la adquisición de recursos económicos por medio extorsivos.
#Guaviare | Dos hombres y una mujer que manifestaron pertenecer al GAO-r Estructura Primera se presentaron de manera voluntaria ante tropas de @Ejercito_Div4. Los sujetos entregaron abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones. Un menor de edad fue recuperado. pic.twitter.com/QvuQ64Zlxc
— Gral. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) December 11, 2020
“Los otros dos hombres serían los encargados del reclutamiento forzado de menores, constreñimiento y amenazas a la población civil, mediante el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos; igualmente, estarían dedicados a identificar las nuevas zonas de expansión, haciendo presencia sobre las riberas de los ríos Unilla, Itilla y Vaupés, y en los municipios de Calamar y Miraflores, Guaviare”, se indicó.
Así mismo, el Ejército recalcó que a estas tres personas, que voluntariamente decidieron someterse a la justicia, se sumó la recuperación de un menor de edad que también se presentó ante los uniformados y quien fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.
“Según información de inteligencia, esta comisión estaría dejando de percibir mensualmente 1.800 millones de pesos, por lo que se frenan los planes de expansión territorial. De igual manera, se causa un retroceso en las actividades de organización de masas para el reclutamiento forzado de menores”, afirmó el Ejército.
Durante su desmovilización, estas personas tenían en su poder importante material de guerra, intendencia y comunicaciones, dentro del cual había tres fusiles, más de 800 cartuchos de diferentes calibres, proveedores para fusil, 25 granadas, equipos de campaña, radios, cordón detonante para artefactos explosivos improvisados, talonarios para cobros de extorsiones y documentos de importancia para la inteligencia militar.
“Al momento de su presentación, estas personas dieron a conocer al Ejército Nacional sus intenciones de querer reincorporarse a la sociedad civil, iniciar una nueva vida con su familia y bajo la legalidad, y recibido el apoyo del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, liderado por el Gobierno nacional”, concluyó.