Durante el primer fin de semana de la presidencia de Abelardo De La Espriella, el mandatario pidió levantar un bloqueo en la vía Barranquilla–Santa Marta, provocado por comunidades que completaban cuatro días sin energía. Días después, la Superintendencia de Servicios Públicos reportó actos vandálicos contra la infraestructura eléctrica. Y la semana pasada, en el Atlántico, retuvieron un camión de Air-e mientras reclamaban la falta de energía.
El 12 de septiembre se cumplieron dos años de la intervención del gobierno de Gustavo Petro en la empresa Air-e. El proceso ha tenido escándalos de presunta corrupción, un creciente deterioro financiero y cuestionamientos por el incremento burocrático.
A este panorama se suma un aspecto neurálgico para la continuidad: la falta de inversiones. El cuarto interventor de Air-e, Nelson Vásquez, reconoció durante un debate en el Congreso de la República: “Hoy no estamos haciendo inversiones”.
Según fuentes expertas del sector consultadas por SEMANA, “dos años sin hacer una sola inversión es una irresponsabilidad de talla mayor. El sistema ha aguantado gracias a las inversiones que se realizaron antes de la intervención, pero ahora, ante un eventual incremento del consumo asociado al fenómeno de El Niño, la situación puede llegar a ser crítica”.
La afirmación adquiere especial relevancia porque la red requiere inversiones permanentes para reponer equipos, ampliar capacidad, modernizar infraestructura y sostener los indicadores de continuidad y calidad.
La Contraloría ha relacionado la falta de inversiones con interrupciones recurrentes, demoras en soluciones de infraestructura y deterioro de los indicadores SAIDI y SAIFI, los cuales miden la calidad del servicio.
Según datos oficiales de la CREG, en el documento CREG-901 194, durante los años previos a la intervención, Air-e ejecutó inversiones equivalentes, en promedio, al 7,67 % del Costo de Reposición de Referencia (CRR), lo que significa el porcentaje sobre el total de sus activos.
Esta cifra contrasta con la intervención anterior de Electricaribe, entre 2017 y 2020, cuando las inversiones representaron en promedio alrededor del 1,6 % del CRR, casi seis veces menos.
Entre 2020 y 2023, años en que la empresa fue administrada por privados, los datos de la CREG ubicaban a Air-e en el cuarto lugar a escala nacional por las inversiones ejecutadas en relación con sus activos y en el primer lugar entre los seis operadores con un CRR superior a 2 billones de pesos, es decir, entre las empresas más grandes del país.
En términos de calidad del servicio, documentos oficiales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y de ASOCODIS, gremio dirigido por José Camilo Manzur, postulado por el nuevo Gobierno a la junta de Ecopetrol, muestran que los indicadores SAIDI y SAIFI, que miden la duración y la frecuencia promedio de las interrupciones del servicio, registraron mejoras superiores al 60 %.
Hoy, tras dos años de intervención sin inversiones, esa tendencia comienza a revertirse de manera acelerada.
Las cifras muestran el deterioro no solo operativo, sino también financiero. Una alerta de la Contraloría, revelada en mayo, señaló que el patrimonio de Air-e pasó de 2,2 billones de pesos a apenas 131.000 millones en un solo año, una reducción cercana al 94 %.
El organismo de control describió una intervención caracterizada por “mayores costos y menores inversiones” y advirtió sobre riesgos de insolvencia, descapitalización progresiva, pérdida de recursos públicos y un eventual riesgo para el mercado eléctrico colombiano.
El panorama descrito por el revisor fiscal de Air-e intervenida no resulta menos preocupante. En su dictamen sobre los estados financieros de 2025, Colombia Tributa se abstuvo de emitir una opinión, al considerar que no contaba con evidencia suficiente para determinar si los estados financieros reflejaban razonablemente la realidad de la empresa.
El informe de 2025 documentó múltiples hallazgos contables y administrativos y llamó la atención, entre otros asuntos, sobre la contratación de aproximadamente 68 asesores y especialistas durante la intervención, 25 de ellos reportando directamente al despacho de los agentes especiales.
El desorden administrativo y financiero llevó a que las deudas de Air-e con XM, en nombre de los generadores de energía, crecieran hasta cerca de 3 billones de pesos.
Antes de la intervención, documentos oficiales de XM muestran que la compañía no tenía facturas vencidas y, según reportó en su momento SEMANA, a Air-e le debían 5,3 billones de pesos. De ese monto, cerca de 1,6 billones correspondían a deudas del Estado.
Dos años de intervención y seis interventores
Después de seis interventores y dos años de administración estatal, el Gobierno recibe una Air-e en estado crítico. En la presentación de El Libro de la Verdad, el presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la intervención de Air-e, afirmando que “pasó de tener 2.22 billones de patrimonio en 2023, a tener un déficit de 377.662 millones en 2025.”
Durante la intervención, se han presentado múltiples denuncias penales relacionadas con la actuación de interventores y administradores, pero estas no han registrado avances significativos. Se espera que pronto la justicia tome decisiones.
El reto inmediato será recuperar la calidad del servicio y estabilizar financieramente la compañía. De no lograrse, el deterioro podría traducirse en fallas cada vez más frecuentes y elevar significativamente el riesgo de una crisis energética regional.