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| 1/6/2019 12:10:00 AM

Maduró biche el decreto de armas

El debate sobre la restricción al porte de armas regresó por cuenta de un decreto del presidente Iván Duque. Aunque los vientos soplan a favor de mayores controles, habría dejado una ventana abierta para flexibilizar el control del porte de armas.

El decreto sobre el porte de armas maduró biche El 24 de diciembre Duque firmó el decreto que faculta al ministro de Defensa, Guillermo Botero, para reglamentar los “lineamientos y directrices” a la hora de conceder los permisos de porte de armas. Foto: Juan carlos sierra - semana / David amado pintor

La prórroga que el presidente Iván Duque debía firmar para restringir el porte de armas durante 2019 terminó embolatada. Aunque podía actualizar el decreto de un plumazo, el trámite se enredó con la propuesta del Centro Democrático y el Partido Conservador de flexibilizar los protocolos aplicados desde hace 25 años. “Se mantiene la prohibición del porte como principio general”, ha dicho insistentemente el presidente. Sin embargo, los esfuerzos por aclarar el panorama y bajarle la caña a la lluvia de críticas se pierden entre intríngulis no del todo conocidos y consecuencias todavía no tan claras.

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Lejos de ser una simple pilatuna con una alta dosis de intervención parlamentaria, la decisión que Duque firmó antes de que irse a pasar su primer año nuevo en la casa de huéspedes ilustres de Cartagena tiene tanto de largo como de ancho. Con ella abrió un boquete cerrado en la mesa de paz de La Habana cuando las Farc pidieron garantizar que el Estado tendría el monopolio legítimo de la fuerza. Para ello, el Acto Legislativo 5 de 2017 introdujo un nuevo artículo a la Carta Política que prohíbe los grupos civiles armados de cualquier tipo, incluidos autodefensas y paramilitares.

Las autoridades incautaron 20.313 armas de fuego en 2018 en el país, según la Dijin.

Siguiendo este principio que ya había suscrito el Estado, muchos esperaban que el nuevo gobierno le diera continuidad. No había motivos para sospechar: el borrador del decreto conservaba el espíritu del original pese a los ánimos reformistas del partido de gobierno. Sin embargo, los reclamos se precipitaron tan pronto se conoció el contenido del documento. Para sorpresa de quienes venían siguiendo el trámite administrativo, el gobierno le agregó al artículo 1 un inciso con el que busca transformar los protocolos existentes a la hora de expedir autorizaciones especiales.

El nuevo decreto facultó al Ministerio de Defensa para que “imparta los lineamientos y/o directrices para la expedición” de los permisos. Aunque así ha sido siempre, y desde 1993 el Comando General de las Fuerzas Militares tiene una oficina dedicada a este tema, hay quienes lo ven como una instancia anacrónica, por lo menos en las grandes ciudades donde la seguridad depende de los alcaldes en estrecha coordinación con la Policía.

Los exministros Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera y Luis Ernesto Gómez anunciaron que interpondrán una demanda de nulidad y una medida cautelar de suspensión de efectos jurídicos contra el decreto. 

El ministro Guillermo Botero y el propio presidente han insistido en que este ajuste busca quitar “discrecionalidad y crear condiciones objetivas” a las brigadas que vienen otorgando los permisos. Pero en diferentes sectores ven innecesario el parágrafo en la medida en que dos normas vigentes reglamentan esa facultad. Por esto ven con malos ojos que ahora la cartera de Defensa se vaya a quedar con ella.

Dos hechos alimentan esas suspicacias. Primero, la forma en que realizaron el trámite porque el gobierno habría ocultado información sobre los ajustes que iba a hacer. Y también porque el país se enteró por las redes sociales del expresidente Álvaro Uribe -y no por boca de funcionarios del gobierno- que el proceso estaba en cola. En el trino compartido por Uribe se alcanza a ver que tomó el pantallazo del documento 40 horas antes del anuncio de Duque al país. Por otro lado, muchos recelan de la forma como apareció el polémico artículo. Aunque no hay muchos detalles, SEMANA conoció que la nueva cúpula militar tocó las puertas de Uribe para que el parágrafo entrara al articulado.

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A la polémica decisión la antecedió un hecho aún más llamativo. Por medio de una carta que hicieron llegar al despacho presidencial, voceros del Centro Democrático y el Partido Conservador le solicitaron al mandatario flexibilizar el porte de armas. Argumentaron que “hay ciudadanos respetuosos de la ley y bajo constante amenaza que están pasando por una situación delicada” por lo que “necesitamos que los colombianos expuestos a riesgo constante no solo cuenten con mayores garantías legales para defenderse del crimen y la agresión sino de herramientas de protección, entre las cuales está el porte legal de armas de bajo calibre”.

En este contexto varios sectores creen que darle la potestad al Ministerio de Defensa para modificar los “lineamientos y directrices” de los permisos, es abrir una grieta a una ley que no admitia dudas. Eso explicaría por qué, si la norma mantiene la prohibición, como afirma Duque, quienes pedían más flexibilidad la recibieron tan bien. Por eso muchos ven el decreto como un regalo envenenado para la ciudadanía. Ahora, falta ver la reglamentación que presentará la cartera, pues a pesar de haberla anunciado para el 31 de diciembre, no lo hizo y la norma entró en vigencia sin reglas claras.

Cuesta arriba

Pero la puesta en marcha del Decreto 2362 no pinta nada fácil. Mientas el nuevo gobierno termina de cocinar los protocolos, el movimiento disidente del liberalismo anunció que interpondrá una demanda de nulidad e incluirá una medida cautelar de suspensión de efectos jurídicos una vez termine la vacancia judicial. “Uno de los principios fundacionales de los Estados democráticos modernos es que estos ostenten el monopolio de la fuerza y de las armas. Pedir flexibilización de las normas para que ciudadanos particulares porten armas significa una involución de siglos”, dijo Guillermo Rivera.

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Tanto para el exministro como para Juan Fernando Cristo y Luis Ernesto Gómez “la discrecionalidad es mayor en cabeza del ministerio de Defensa”. Más cuando, “las excepciones ya están definidas en la ley”. Así las cosas, los tres primeros opositores con los que se encuentra el decreto sostienen que ponerlo en marcha viola los artículos 10 y 11 de la Ley 1119 de 2006, que establecen los criterios específicos para otorgar permisos al porte y tenencia de armas y que, de hecho, proviene del mandato del presidente Álvaro Uribe, junto a sus ministros Alberto Carrasquilla y Juan Manuel Santos. Adicional a este choque normativo, el decreto también pasa por encima del 2535 de 1993, otra norma vigente al respecto.

El gobierno tendrá que sortear varios problemas antes de que el decreto entre en vigencia. Como las excepciones ya están definidas en la ley, el presidente -en teoría- no podría entregar a un ministro las facultades por medio de un decreto. En efecto, un decreto ordinario como el que sanciono Duque, no puede derogar una ley como la que sacó adelante Uribe en 2006. Para eso, tendría que hacer el ajuste mediante una nueva ley tramitada en el Congreso.

Ahora bien, según varias fuentes consultadas por SEMANA, la discusión tendría otro ingrediente de fondo. Desde la nueva administración se estaría tratando de revertir el acceso de excombatientes de las guerrillas a las armas. Pero no solo las ilegales, sino las que portan quienes llegaron a reforzar la Unidad Nacional de Protección (UNP). Como se sabe, un grupo importante de exguerrilleros recibió entrenamiento para que en esquemas de seguridad mixtos protejan a los excombatientes que ocupan curules en el Congreso. “El monopolio estatal de la armas necesita desarmar a criminales protegidos por la impunidad de sus apoyos políticos”, trinó el expresidente Uribe cuando el gobierno presentó el decreto.

En contexto: ¿Se debe facilitar el acceso y porte de armas en un país tan violento como Colombia?

Con la nueva reglamentación muchos temen que el país salte de una posición restrictiva a una cultura permisiva. El debate toma más vuelo si se tiene en cuenta el actual panorama que vive Estados Unidos, donde hace pocos días el estado de Washington prohibió vender armas a los menores de 21 años. El caso de ese país demuestra que a mayor tenencia de armas en la población mayor inseguridad. A esa conclusión llegó el American Journal of Medicine. “La evidencia demuestra que los países donde se ha prohibido el porte de armas se reducen el número de muertes violentas por armas más de un 60 por ciento. Sería un gravísimo error retroceder en la protección de la vida”, aseguró el ex viceministro Gómez. A pesar de que en el último año las cifras de asesinatos repuntaron en comparación con 2017, durante la concentración y desarme de las Farc, sería un grave error terminar una guerra de 50 años y abrir la puerta a la justicia por mano propia. 

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