El director de la UNP denuncia que congresistas “están pidiendo más vehículos porque están de vacaciones”

En medio de la temporada vacacional y sin que los congresistas estén en sesiones legislativas, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, realizó una seria denuncia en la que mencionó que varios congresistas (sin dar nombres) han solicitado un incremento de vehículos de protección, sin que aún empiece el segundo periodo de legislatura.

“Hay funcionarios que tienen flotillas de vehículos y por estas épocas del año quieren implementarlas para el tema turístico”, indicó Rodríguez.

El director de la UNP señaló que les están pidiendo carros de más bajo la excusa de “porque están de vacaciones y dicen que para tareas congresionales, cuando todos sabemos que en este momento no hay Congreso”.

“Hacemos presión, llamadas y no podemos entregarlos porque apenas alcanzan para proteger a las personas y líderes sociales”, dijo Rodríguez ante las solicitudes de los legisladores que lo hacen con fines turísticos.

La denuncia de Rodríguez busca dejar en evidencia el abuso de los recursos estatales que, según él, se está llevando a cabo por intereses personales.

Además, comentó sobre el asesinato de Eliecid Avila, el concejal que fue asesinado durante la víspera de fin de año en Tuluá, Valle del Cauca. Rodríguez lamentó el hecho, sin embargo, resaltó que el concejal no solicitó protección.

“Nosotros le dimos protección a todos los candidatos, a todos los que solicitaron, lastimosamente este concejal no había solicitado medidas de protección”, aseguró.

Carros de la UNP asignados a magistrados de la JEP fueron bloqueados satelitalmente por unas horas

En una mañana llena de tensiones, varios vehículos blindados pertenecientes a los esquemas de protección de magistrados y personal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron bloqueados debido a una intensa disputa legal entre empresas encargadas de proveer estos servicios.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que la situación se desató a raíz de un conflicto legal entre dos compañías, ambas inmersas en un proceso ejecutivo. Esta disputa amenazaba con afectar la continuidad del servicio y, como medida extrema, se activó un mecanismo satelital que resultó en la inmovilización de varios vehículos de protección.

Según la UNP, estos vehículos no son propiedad del Estado ni de la entidad de protección, sino que son adquiridos en arriendo a través de contratos con empresas privadas. Esta dependencia de terceros fue catalogada por la UNP como una especie de “cartelización”.

“Esta circunstancia que supedita el Estado a organizaciones exógenas que pueden ‘cartelizarse’ y debilitar la responsabilidad gubernamental de garantizar la vida, es objetivo estratégico de corrección por parte de la actual administración de la UNP”, aseguró la entidad.

La UNP, actuando para resolver la contingencia, implementó medidas para desbloquear los vehículos y restablecer la normalidad en los servicios de protección. “Los esquemas de protección de magistrados y personal de la JEP han sido superados”, informó.